El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha dado comienzo al proceso participativo sobre la futura Ley Estatal de Vivienda, una pieza clave para su elaboración. Se inicia así un intenso proceso participativo, coordinado por la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, a través de diferentes reuniones, encuentros y grupos de trabajo, en los que se profundizará en los contenidos y medidas propuestas, en el contexto de la elaboración de una nueva norma con rango de Ley que aborda por primera vez el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
A lo largo del proceso se delimitarán los problemas que se pretenden afrontar con la iniciativa, los objetivos específicos de la futura norma, así como las medidas y soluciones más adecuadas para asegurar el ejercicio del derecho.
En el proceso se abordarán cuestiones como:
1. Los problemas que se pretenden afrontar con la iniciativa.
2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
3. Los objetivos específicos de la futura norma.
4. Las posibles soluciones alternativas y/o complementarias, regulatorias y no regulatorias
De esta forma, a lo largo del proceso de trabajo de elaboración de la norma se contará con la participación de representantes de entidades especializadas del tercer sector, sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro –con los que está previsto comenzar formalmente este mismo martes 24 de noviembre—, de representantes de la gestión, promoción y construcción de viviendas o del cooperativismo y la economía social, así como de colectivos profesionales, entre otros.
Este proceso se inicia tras la finalización el pasado 15 de noviembre de la fase de consulta pública previa a la redacción, realizada de conformidad con lo previsto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que se había iniciado el 24 de septiembre de 2020, y a lo largo del cual se han recibido más de un centenar de aportaciones de diferentes entidades públicas y privadas, agentes sociales y entidades representativas, así como de particulares, reflejo del interés en el contenido de una norma con rango de Ley, que no tiene precedente en la etapa democrática.
Todo ello en el contexto de la necesidad de que el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, cuente con una norma con rango de Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio en todo el territorio, abordando aspectos como la regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general, el blindaje de la función social de la vivienda, el desarrollo de unos parques públicos de vivienda estables, el refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible así como de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia, o la mejora de la transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda, entre otros.
