EP. Sevilla. 01/06/2013
El PP andaluz va a presentar una serie de enmiendas al decreto de la función social de la vivienda elaborado por la Junta, que se encuentra en la fase de su trámite parlamentario, entre las que figura una propuesta para que la Junta de Andalucía asuma la gestión de viviendas públicas vacías y contribuya a pagar parte del coste del alquiler, de forma que las familias que las habiten «no tengan que pagar más del 25 por ciento de sus ingresos» en ese concepto.
Así lo ha avanzado este sábado en una rueda de prensa en Sevilla la vicesecretaria de Ordenación del Territorio y portavoz de Vivienda del PP-A, Alicia Martínez, que ha defendido que con esta medida se daría cumplimiento a la Ley del Derecho a la Vivienda, y serviría para «movilizar una gran cantidad de viviendas vacías» en la comunidad.
Además, con el objetivo de que la vivienda sea «un derecho accesible desde ya», los ‘populares’ andaluces proponen que la Junta «avale» o incluso se convierta en «copropietaria» de viviendas de familias que «tengan posibilidades de compra» de las mismas, pero que, «hoy por hoy», se encuentren con dificultades para ello por la «falta de financiación».
Igualmente, las enmiendas que presentará el PP-A incluyen otras «soluciones innovadoras», que pasan, según ha indicado Martínez, por fomentar «promociones de alquileres compartidos para jóvenes», así como por utilizar como «viviendas tuteladas para personas mayores» edificios de viviendas vacías, convertir en viviendas espacios ideados inicialmente para jóvenes emprendedores, y viceversa, utilizar como viviendas espacios que se pensaron para ser locales comerciales.
Se trata, según ha defendido Martínez, de potenciar «el diálogo y el convenio como una herramienta mucho más eficaz que las expropiaciones». En esa línea, ha adelantado que su partido se va a dedicar a «aportar y sumar» en el trámite parlamentario del decreto para que la norma sea «realmente eficaz», ya que, según ha apostillado, de la visita que esta semana realizó a Bruselas la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, para explicar el decreto a las autoridades comunitarias, quedó de manifiesto que la norma se queda «bastante corta» en comparación con las leyes en esa materia de otros países que son «más eficaces».
Además, ha abogado por que la Junta «se siente con los bancos para tratar de llegar a acuerdos», y, además, «tienda la mano a los ayuntamientos», a quienes ha ido trasladando «la política social de la vivienda».
Sin «reflejo presupuestario»
Igualmente, ha adelantado además que, dado que el decreto «se vincula a la aprobación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo», cuya formulación se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado mes de abril «con un plazo de ocho meses para su redacción», prácticamente «hasta 2014» las ayudas contempladas en dicha normativa no tendrán «reflejo presupuestario».
En ese sentido, Martínez ha señalado que, a propuesta de su partido, junto a los agentes sociales, en la ronda de comparecencias parlamentarias que comenzará este miércoles para valorar el decreto de la vivienda, va a aportar su opinión la Plataforma del Tercer Sector, desde el convencimiento de que son sus miembros quienes «mejor conocen la realidad de las familias que se ven afectadas por desahucios».
«Ocultación de información»
La vicesecretaria de Ordenación del Territorio de los ‘populares’ andaluces también ha cargado contra la Junta de Andalucía por su «total y absoluta falta de información» en materia de vivienda, donde además, según ha aseverado, «oculta» información.
Así, ha señalado que «los andaluces no conocen todavía las ayudas de fomento del alquiler para poner en carga las 700.000 viviendas vacías que dice la consejera de Fomento, Elena Cortés, que están a su disposición», porque las ayudas «aún no se han vinculado», al tiempo que ha calificado de «mercantilista» la actuación de la Empresa Pública de Suelo Andaluz (EPSA), cuya «hiperestructura no se ha reducido en el último año», y que «sigue vendiendo y privatizando suelo de patrimonio autonómico que debía destinar a la construcción de viviendas».
Defensa de las medidas del Gobierno
Frente a esa política, Martínez ha contrapuesto la acción del Gobierno central, que, según ha detallado, ha invertido durante este año 2013 en Andalucía, en concepto de políticas de vivienda, un total de 124,5 millones de euros, entre «subvenciones a viviendas protegidas y rehabilitaciones –7,7 millones–; subsidiación de préstamos de viviendas protegidas –62 millones–; ayudas a entradas directa –27.270.000 euros–; renta básica de emancipación –27.195.000 euros–, y otros convenios específicos», a los que ha dedicado «200.000 euros».
Al mismo tiempo, ha valorado el fondo social creado por el Gobierno de Rajoy «con 859 viviendas vacías de los bancos que, hoy por hoy, están a disposición de los andaluces».
Al hilo de ello, ha indicado que el Gobierno andaluz tiene «pendiente de justificar» con el Ministerio de Fomento un total de «casi 28 millones de euros», de los que «hasta 17.749.000» corresponden a «una línea de ayuda a vivienda protegida de nueva construcción en alquiler» y otros «12.820.000 euros» a una «línea de ayuda a inquilinos».
