EFE. Madrid. 15/06/2013
Las casi 6.000 viviendas propiedad de los bancos destinadas al Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler para familias desahuciadas siguen vacías ya que, según datos de junio, sólo se han asignado 258 pisos y formalizado el contrato de 89 inmuebles, fruto de 594 solicitudes presentadas.
El Ministerio de Economía, que ha facilitado a Efe estos datos, procedentes de la comisión de seguimiento del fondo, considera que las cifras son «aceptables para un proceso que arrancó en marzo», y confía en que las solicitudes se vayan incrementando.
También ha abierto la posibilidad de revisar los requisitos si el tiempo demuestra que son demasiado exigentes.
En la actualidad pueden acceder a un alquiler del FSV las personas desalojadas de su residencia habitual después del 1 de enero de 2008, con ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (1.597,53 euros mensuales) y que cumplan algunos de los requisitos de especial vulnerabilidad (familias numerosas, violencia de genero y deudores en paro que hayan agotado la prestación, entre otros).
El precio del alquiler oscila entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 por ciento de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tienen una duración de dos años, prorrogables por uno.
La mayor parte de los inmuebles aportados al FSV proceden de cajas convertidas en bancos y una cuarta parte de ellos está ubicada en capitales de provincia.
Según políticos de todo el arco parlamentario consultados por Efe, las familias afectadas son reacias a solicitar estos pisos porque para ello están obligadas a entenderse con el mismo banco que se quedó con sus casas.
Para la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, el convenio que firmó en enero el Gobierno con 33 entidades financieras «deja todo en manos de los bancos, y son estos los que deciden quévivienda es la más conveniente para el desahuciado y si la familia cumple los requisitos exigidos».
Además, todo este proceso se desarrolla en el «departamento de atención al cliente» de la entidad, que se ha convertido en una especie de agencia inmobiliaria.
«Todo depende de la buena fe de los bancos y presuponer esta buena fe es como creer en los Reyes Magos», dice Iglesias.
Una de los argumentos en los que coincide la oposición es que estas 6.000 casas -valoradas en menos de 100.000 euros- no están ubicadas precisamente donde los afectados las demandan y, en ocasiones, se encuentran en malas condiciones.
La portavoz de Vivienda de CiU, Lourdes Ciuró, ha dicho que el fondo es «un maquillaje» sin voluntad y ha lamentado que la gestión final esté encomendada a un banco, cuando lo lógico sería encargarlo a las autonomías que tienen las competencias.
Ciuró ha puesto el acento en aspectos abusivos dentro del propio convenio y ha explicado que las viviendas se alquilan por un período de dos años cuando la ley de arrendamiento urbano prevé un mínimo de tres. Además, el banco puede «mover» a la familia en ese período si lo estima «necesario».
«Se exige voluntad de hierro a estas familias» ha dicho Ciuró, quien ha compartido con Iglesias que el fondo no funciona y urge su revisión.
Para el diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela, los requisitos para acceder al fondo son «muy exigentes» cuando se habla de gente que lo ha perdido todo.
Coscubiela ha denunciado la «oscuridad» del proceso, que ha relacionado con la mayoría absoluta del PP en el Congreso, y ha recordado que su grupo ha propuesto en reiteradas ocasiones un fondo público de vivienda que vincule a comunidades y municipios y no dé todas las prerrogativas a los bancos.
Para el portavoz de Vivienda del PP, Teodoro García, la oposición utiliza los datos del fondo con «fines partidistas» y cae en el error de «hacer política con el dolor ajeno».
En opinión del diputado popular, si una persona consigue una vivienda por 125 o 400 euros, que es la horquilla en que se mueven estos arrendamientos, «poco le importa quien le ha dado el piso».
Para el abogado de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), Rafael Mayoral, el fondo es «un auténtico insulto» y ha criticado que se esté haciendo al Estado «copartícipe» de la especulación inmobiliaria.
Mayoral ha lamentado la absoluta impunidad de las entidades financieras que ha considerado «auténticas responsables de la crisis» y que «deberían ser puestas a disposición judicial por lo que han supuesto en la estafa hipotecaria masiva».
