Catalunya ha dado un nuevo paso para regular el precio del alquiler por ley en aquellos municipios con más presión residencial. El Parlament ha aprobado la proposición de ley que pretende congelar los precios de los nuevos contratos y rebajar el precio medio de las renovaciones. Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, alerta de que “la regulación de los alquileres en Catalunya desestabiliza y llega en un momento de tendencia a la baja, por lo que cabe plantearse seriamente si se va a conseguir el efecto deseado y si, de producirse, compensará el elemento desestabilizador que provoca su implementación en el mercado”.
Y es que, según los datos de precio de oferta de pisos.com, el incremento en el precio del alquiler en Catalunya aumentó un discreto 1,71% interanual el pasado agosto, muy lejos de cifras cercanas al 20% que se producían, por ejemplo, a principio del 2019. En el mercado de Barcelona capital, las caídas en las rentas ya se están produciendo desde hace meses, y en agosto se registró un descenso más que notable del 10,52% interanual. En las capitales de Girona (-5,57%) y Tarragona (-3,49%) también se produjeron bajadas interanuales que apuntalan la tendencia bajista del mercado del alquiler.
“La situación actual de los precios en el mercado de alquiler y las dificultades de acceso a la vivienda que causa, principalmente, en el centro de las grandes capitales, hacen necesaria una reflexión y actuación sobre este mercado. En España la evolución de las rentas no ha ido acorde con la evolución de los salarios, por lo que cada vez más hay familias a las que les resulta difícil pagar el alquiler”, subraya Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.
Este problema no es exclusivo del mercado catalán o español, sino que se produce en muchas otras ciudades que ya tienen experiencia en este tipo de legislación. Los precedentes en mercados como París o Berlín han mostrado la ineficacia del control de las rentas, que han causado un aumento en el precio del alquiler o consecuencias negativas para los inquilinos, que es precisamente el colectivo que busca protegerse. En este contexto, los propietarios dejan de invertir en el mantenimiento de la vivienda, dando lugar a un parque de vivienda en alquiler más deteriorado, o bien prefieren vender ante la caída de rentabilidad, disminuyendo la oferta de alquiler y aumentando así el precio medio al no disminuir la demanda.
Mientras, existe una economía sumergida o “picaresca” para acceder a pisos que siguen manteniendo mucha demanda, sean pagos en negro para acceder al piso o para compensar una renta baja. En definitiva y como resultado, la disminución del parque de viviendas y la alta demanda deja más expuestos a los inquilinos a la posible discriminación por parte de los propietarios.
“En cambio, otras medidas que sí se han mostrado efectivas han sido aquellas que de una manera u otra se han enfocado precisamente a hacer mayor la oferta. Paradigmáticos son los casos de Viena, donde la propia ciudad es el principal propietario de la vivienda en alquiler y es su gran apuesta desde hace 100 años, o Sídney donde se ha duplicado la oferta de alquiler desde 2017. Estos ejemplos demuestran que actuando sobre la oferta es posible rebajar la tensión en los precios y resolver el problema de accesibilidad a la vivienda. En el caso de Berlín la apuesta de la limitación en el precio del alquiler ha ido acompañada de la inversión de 920 millones de euros por la adquisición de 6.000 viviendas que destinará a alquiler social”, subraya el especialista.
Ferran Font resumen así el escenario que plantea la regulación de alquileres en Catalunya: “La diferencia entre la capacidad de pago de las familias y la evolución de las rentas hace necesaria la actuación de las administraciones públicas. Esta ayuda debe ir enfocada a aumentar la situación económica de los inquilinos y aumentar el parque de vivienda en alquiler tanto en el mercado libre como el de vivienda asequible o alquiler social, a través de la colaboración público-privada”.
