Provivienda ha presentado esta mañana el informe “¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler”, que aborda el problema de la discriminación en la vivienda de personas migrantes, especialmente de aquellas nacidas fuera de la UE. Esta investigación, financiada por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pretende “visibilizar la discriminación que sufren las personas extranjeras cuando buscan una vivienda, así como sugerir alternativas desde las políticas públicas”, explica Eduardo Gutiérrez, director general de Provivienda.
La principal conclusión del estudio es que siete de cada diez inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación. De las restantes, una amplia mayoría acepta otras formas más sutiles de discriminación, como solicitar un mayor número de garantías adicionales a las personas de otros países. Como apunta Elena Martínez, responsable del Área de Investigación de Provivienda “en un primer contacto, en igualdad de condiciones, si pensamos en una familia con dos personas adultas y dos menores, a la extranjera se le niega mucho más las visitas a los pisos anunciados en Internet”.
Para llegar a estos resultados se han realizado 1.836 llamadas respondiendo a anuncios de alquiler reales, a través de la metodología del testing inmobiliario. La clave del estudio es la búsqueda de respuestas distintas a dos tipos de llamadas telefónicas: de una persona autóctona y de una extranjera. Dichas llamadas se complementan con las de otra, que se presenta como propietaria de una vivienda y que contacta a agencias inmobiliarias pidiendo explícitamente no alquilar a una persona inmigrante.
El exceso de documentación requerida, el incremento de las garantías adicionales, engaños sobre las disponibilidad de viviendas o la presentación de cláusulas abusivas son algunas de las manifestaciones discriminatorias que se han detectado. La ausencia de medidas que protejan a las personas extranjeras de la discriminación, desemboca en procesos de exclusión residencial, por eso, “el acompañamiento del tercer sector y de las instituciones públicas es una pieza fundamental para luchar contra este grave problema”, concluye Elena Martínez.
Propuestas y recomendaciones de Provivienda
Desde Provivienda se defiende la urgencia de una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que contemple de forma clara el ámbito de la vivienda. Asimismo, la entidad recomienda la puesta en marcha de servicios de información y asesoramiento especializados, el impulso de servicios de mediación en alquiler, la formación a agentes clave, el reconocimiento de buenas prácticas inmobiliarias o, en el plano más restrictivo, la aplicación del derecho administrativo sancionador, e incluso penal para las situaciones más graves.
La organización añade que es imprescindible complementar las medidas antidiscriminación con aquellas que permitan garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas. “La anunciada Ley del Derecho a la Vivienda, así como el aumento en los Presupuestos Generales del Estado en políticas públicas son una buena oportunidad para mejorar la garantía de los derechos humanos”, finaliza Eduardo Gutiérrez.
