La pandemia ha puesto de manifiesto los problemas de vivienda latentes en España, y su estrecha relación con la salud de las personas. En la actual crisis sanitaria, social y económica, las relaciones de ayuda y la respuesta de las administraciones cobra una vital importancia para acceder y mantener una vivienda adecuada y adaptada a las necesidades.
Esta es una de las principales conclusiones del informe “Cuando la casa nos enferma 3. Redes de ayuda en tiempos de crisis”, que se presentó hoy y que pone el foco en los vínculos de las personas, especialmente de las más vulnerables. Como explica Elisa Brey, investigadora del informe “hemos conocido los riesgos de centros como residencias de personas mayores o albergues para personas sin techo, centros de acogida para familias refugiadas…En paralelo, hemos experimentado en primera persona lo que implica el aislamiento social y la falta de contacto y apoyo de nuestra familia y amigos/as”.
Esta investigación, financiada por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales de la Secretaría de Estado de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, muestra cómo el primer apoyo ante problemas de vivienda en las tres ciudades estudiadas (Santa Cruz de Tenerife, Granada y Madrid) son las redes familiares, seguido de la atención de emergencia por parte de servicios sociales. Según el estudio, actualmente no existe una respuesta eficaz desde las políticas de Vivienda a la exclusión residencial. Como explica Eduardo Gutiérrez, director general de Provivienda “cuando una persona no puede pagar el alquiler, no acude a servicios de vivienda, acude a su familia y luego a servicios sociales. Esto no pasa en el caso de la salud o el empleo. Acuden a servicios especializados y específicos. El impacto en el tipo de atención es enorme”.
En un nuevo contexto de crisis por la COVID-19, los resultados alertan de que la atención de servicios sociales está saturada, y que tras la crisis de 2008, el apoyo familiar se ha agotado en gran medida porque funcionó de soporte en la crisis anterior. La organización advierte las graves consecuencias en pérdida de vivienda que pueden desencadenarse en el corto plazo, ante los problemas económicos o la pérdida de empleo derivada de la COVID-19. Brey destaca que “es clave un cambio en la atención a los problemas de vivienda centrados en la persona para evitar las graves consecuencias que vimos con la crisis de 2008…esta vez, sin el colchón familiar y con el desgaste de servicios sociales”. Entre otras cuestiones, se destaca el limitado alcance del llamado “escudo social” en vivienda para aquellas personas que ya se encontraban en exclusión residencial previamente a la crisis, así como su limitación temporal a 31 de enero de 2021. “Podemos encontrarnos con una nueva crisis de vivienda como la de 2008, si no se aprueban nuevas medidas de prevención y servicios de proximidad y especializados en vivienda que quiten presión sobre servicios sociales dentro de políticas integrales” finaliza Gutiérrez.
Propuestas y recomendaciones de Provivienda
Desde Provivienda proponen repensar el modelo de atención a los problemas residenciales, reforzando los servicios y recursos públicos desde las competencias de vivienda, promoviendo políticas sociales de vivienda, a través de la prevención y con una atención centrada en la persona.
Asimismo, es fundamental que las políticas públicas estén interconectadas y generen respuestas amplias a problemas complejos, pues se necesitan políticas sociales integrales bien sectorizadas, para saber dónde acudir, y que la respuesta sea lo más ajustada a la necesidad residencial.
