ep. El Gobierno ha incluido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que depende de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, el compromiso del Ejecutivo de regular los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda que se está negociando entre los dos partidos de la coalición en este momento.
El texto sobre las directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha sido elaborado por la vicepresidencia segunda, que lidera Pablo Iglesias, y se ha presentado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.
En este documento se insiste en que la futura Ley de Vivienda debe habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a declarar zonas de «mercado tensionado», donde se hayan producido «subidas abusivas» y «a regular los precios del alquiler».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dejado claro que cualquier documento que se aprueba en el Consejo de Ministros «es compartido por todos los miembros que forman parte de este órgano» y ha zanjado que haya polémica dentro del Gobierno respecto a la regulación de los precios de los alquileres.
En este sentido, Montero ha explicado que el debate, en estos momentos, está en «sobre cómo y de qué manera» se regulan los alquileres en las zonas más tensionadas, «velando por la seguridad jurídica y los derechos de las personas que van a acceder a una vivienda».
Montero ha remarcado que el acuerdo de coalición incorporaba que se produjeran regulaciones de los precios de los alquileres en zonas altamente tensionadas y que «esto es lo que se intentaba y se intenta corregir en la Ley de Vivienda», siendo conscientes de que el escenario, tras la pandemia, es radicalmente distinto».
En esta línea, ha dicho que, en estos momentos, ha disminuido el precio del alquiler en las zonas más tensionadas por la «regulación automática» que se produce en el mercado tras la retirada de pisos turísticos por la ausencia de turistas como consecuencia de la pandemia.
No obstante, ha insistido en que se comparte la necesidad de atender las circunstancias concretas que surgen en determinados distritos de las ciudades y que se va a seguir trabajando para que «no se produzca una espiral al alza».
Estas medidas, ha añadido Montero, podrían ser bien mediante incentivos fiscales o mediante «cualquier otro tipo de instrumento», pero «irían encaminadas a que no se produzca el alza del alquiler en el centro de las grandes ciudades».
Posturas alejadas
Las negociaciones sobre la nueva ley de vivienda entre el Ministerio de Transportes y la Vicepresidencia Segunda del Gobierno están ahora mismo en posturas alejadas y ello está generando tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos.
El partido de Pablo Iglesias, a través de las medidas planteadas por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, demanda poder limitar los precios del alquiler en zonas tensiones mediante el establecimiento de obligaciones para los grandes tenedores de vivienda, también de cara a aumentar el alquiler social, frente a un sistema de incentivos fiscales que trasladan los socialistas.
De hecho, el ala morada de la coalición ha deslizado que el socio mayoritario se alinea más con las posiciones de la patronal inmobiliaria, algo de lo que responsabilizan al departamento que dirige Calviño.
Ayer, la portavoz de Podemos, Isa Serra, llamó al PSOE a «rectificar» y cumplir con el acuerdo de coalición alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos regulando el precio de los alquileres en la nueva Ley de Vivienda, y así «cuidar el Gobierno de coalición».
La cuestión de la regulación del alquiler es uno de los aspectos en los que está presionando Unidas Podemos, que no concibe que se produzca un «incumplimiento» del pacto de coalición. De hecho, está previsto que Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aborden el futuro de la Ley de Vivienda.
Alternativa habitacional en caso de desahucio
En la Estrategia de Desarrollo Sostenible también se incluye como aspecto «esencial» la garantía de alternativa habitacional en caso de procedimiento de desahucio, mediante iniciativas que aseguren el realojo inmediato, alternativas de alquiler social y el establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de este procedimiento.
«Todo ello debe realizarse con el objetivo de cumplir el compromiso del Gobierno», dice el texto. Esta es una de las medidas que sustentan el decreto antidesahucios durante la vigencia del estado de alarma y que Unidas Podemos trata de incluir también en la nueva Ley de Vivienda.
Las directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible son el núcleo de la citada Estrategia, el plan político de una década para que el país «sea justo socialmente, sostenible y feminista en 2030 que se aprobará previsiblemente en el mes de junio». El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presentará este plan ante la ONU en el mes de julio.
