Los principales representantes de los promotores, APCE y Asprima, así como expertos del sector inmobiliario y de los portales digitales pisos.com e idealista, coinciden en que la intervención de los precios de alquiler que propone la nueva ley de Vivienda puede generar el efecto contrario al esperado en el mercado.
Los expertos ponen como ejemplo la situación de Cataluña donde, un año más tarde desde que se implantase el control de precios, se ha reducido la oferta significativamente. Al igual que ha ocurrido en otras capitales europeas.
Según una encuesta que ha realizado de la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña entre sus asociados, el 55,3 % ha parado la inversión esperando un nuevo escenario. El 31,6% ha reducido su inversión y el 13,1% ha trasladado su inversión a otro territorio. Lo que se podría traducir en una reducción de la oferta, la actividad y, por tanto, el empleo en el sector.
Respecto a la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida, y de ésta la mitad a alquiler social, los promotores consideran que conllevará además una reducción de la inversión nacional y extranjera.
La Asociación de Promotores y Constructores de España no tiene duda de que la falta de seguridad jurídica que provocará esta ley, «supondrá una contracción de la actividad en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que implementen estas medidas». Lo que favorecería, claro, a unas regiones sobre otras, en función de las políticas aplicadas, como sucede en cuestión de impuestos.
Qué son zonas tensionadas
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, plantea la duda además de cómo se va a definir qué son zonas tensionadas, «quién va a determinar qué es una zona tensionada y cómo se va a gestionar la definición de qué es una zona tensionada”.
Advierten del riesgo de que se reduzcan también las inversiones de los pequeños tenedores (menos de diez viviendas) al ver reducida significativamente su rentabilidad, lo que afectaría especialmente a la rehabilitación de viviendas. «Su interés por mantener o reformar cualquier inmueble posiblemente baje y provoque un envejecimiento del parque de viviendas«, como señala Font.
Regulación, que no intervencionismo
Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, rechazaba esta mañana en la emisora Onda Cero que se trate de intervencionismo sino de una regulación, decía, como se ha hecho en otras ciudades europeas.
Como ha ocurrido en Cataluña, en ciudades como Berlín o París la ley no ha funcionado como se esperaba y ha conllevado una reducción significativa del número de alquileres.
Según la estimación de la ministra, unas 150.000 viviendas pueden verse afectada por esta ley.
