Tras un año de año de tensa negociación entre los socios de gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, con el objetivo de enviarlo al Congreso como proyecto de ley antes de que finalice 2021.
Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com considera que “la nueva Ley de la Vivienda saldrá con muy poco consenso, sobre todo a nivel político. En este sentido, es muy complicado que, sin una mayor alineación con el resto de formaciones políticas, sea una ley que se aplique a largo plazo, que es lo realmente necesario para que pueda dar sus frutos”.
Al margen de la falta de consenso político, el experto también destaca la falta de consenso con el sector desde el punto de vista de la discusión en foros, de cara a encontrar una situación beneficiosa tanto para el sector como para el consumidor.
“Debido a esto y, sobre todo, debido a que las competencias en la aplicación de puntos críticos como la ley que limita el alquiler o el impuesto a la vivienda vacía, van a recaer en comunidades autónomas y ayuntamientos, se augura una ley que tendrá un recorrido corto o una aplicación muy relativa” indica Font.
Desde el portal inmobiliario señalan que se trata de una ley que está creando una situación muy inestable y, a la vez, está generando muchas dudas sobre cómo se va a aplicar, quién lo va a aplicar, cuál va a ser el resultado, etc. “La incertidumbre surge porque hay escasez de información. Por ejemplo, ¿serán consideradas viviendas vacías las segundas residencias? Pese a que estas permanecen cerradas gran parte del año no tienen demanda residencial, sino turística. Otro aspecto complicado es la aplicación de la limitación de los precios en el alquiler ya que no se sabe de dónde van a extraer los índices para limitar las rentas. Además, estos podrán ser renegociados durante un año y medio desde la aprobación de la normativa”, subraya el experto.
“La inestabilidad jurídica, las dudas generadas por esta ley y el hecho de que se esté descomponiendo parte del sector, pueden provocar que una gran cantidad de inversores sean muy cautos a la hora de invertir en vivienda en España” manifiesta Font. Y prosigue, “como consecuencia veremos reducida la oferta de vivienda disponible y nos encontraremos con una situación contraria a la que se está buscando. El objetivo es que exista mayor oferta disponible para responder a una demanda creciente que, hasta ahora, no está encontrando su sitio en el sector inmobiliario; con menos oferta, obviamente, no se va a poder dar esa respuesta”.
Otro de los puntos críticos de esta nueva Ley de la Vivienda es el hecho de que las Comunidades Autónomas tendrán delegadas las competencias sobre la vivienda, con lo cual serán estas las que aprueben la regulación. “Como consecuencia se va a producir un deterioro a nivel territorial que modificará los flujos de inquilinos” puntualiza Font, quien también achaca que, a partir de ahora, serán los gobiernos regionales y los alcaldes, en lugar del Gobierno central, quienes tendrán la última palabra, lo cuál provocará un mayo daño en el mercado del alquiler.
Desde pisos.com apuntan a que esta ley no va a solucionar el problema de la escasez del alquiler, sino que más bien creará incertidumbre y confusión en el mercado, dando lugar a un marco operativo poco estable que no promoverá la llegada de capital institucional.
