APCEspaña se ha mostrado de acuerdo con lo expuesto en el segundo informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aprobado hoy por el pleno, en lo que se refiere a la inconstitucionalidad de parte del articulado del anteproyecto de ley de vivienda. La asociación estima que tiene que ser el Estado, y no las comunidades autónomas, quien garantice el acceso a la vivienda, de tal manera que se respete el artículo 47 de la Constitución referido al derecho a la vivienda. En ese sentido, considera esencial la existencia de una regulación homogénea del derecho de propiedad -suelo y vivienda- en todo el territorio nacional.
La asociación considera que cualquier modificación de la ley que altere las reglas de juego del sector residencial crea inseguridad jurídica, lo que puede llevar a que se contraiga la actividad en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos que decidan acogerse a estas medidas. También anticipa APCEspaña que la inversión y la creación de empleo en el sector se verán perjudicadas por la nueva ley, ya que atenta directamente contra la propiedad privada.
En cuanto a las medidas para limitar los precios del alquiler, ya han sido probadas en otros países europeos sin éxito, y muchos de ellos han tenido que volver atrás. El resultado ha sido el contrario de lo esperado: reducción de la oferta de vivienda en alquiler, subida del precio de los alquileres y deterioro de la calidad del producto de alquiler. Para la asociación es clara la necesidad de acortar la brecha con respecto a otros países europeos de vivienda en alquiler, pero no a través de un ataque a la propiedad privada (recargo del IBI a las viviendas vacías), sino poniendo más oferta en el mercado.
Para APCEspaña, las medidas incluidas en el anteproyecto afectarán gravemente al desarrollo de una mayor oferta de vivienda, tanto en alquiler como en venta, lo que supondrá, de hecho, una aun todavía mayor dificultad de los jóvenes españoles a la hora de acceder a una vivienda, tanto en alquiler como compra. Desde la asociación han detectado que más de un millón de jóvenes tienen capacidad de pago, pero no de ahorro, por lo que la solución debe ser estructural y no se puede solventar con un bono de 250 euros para un determinado grupo pequeño de la población. Analizando su posición económica se podría dar solución a una parte importantísima de los jóvenes mediante avales a través del ICO y entidades financieras para ampliar tanto la hipoteca como el desembolso inicial del 20 %.
