MITMA. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda dará una respuesta necesaria para muchas familias y jóvenes, así como a colectivos vulnerables, en el acceso a una vivienda digna y adecuada.
Así lo ha manifestado durante el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que se ha celebrado el debate de totalidad del Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Tras superar este trámite, el texto legislativo continúa su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.
Al respecto, la responsable de Mitma se ha mostrado convencida de que a partir de ahora se enriquecerá el Proyecto de Ley desde el poder legislativo. En este contexto, ha instado a todas las fuerzas políticas al máximo consenso posible y a que se unan a esta norma para dar una respuesta necesaria para que muchas familias y jóvenes puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
En su intervención, Raquel Sánchez ha destacado que el texto del Proyecto de Ley, que ha sido fruto de meses de un intenso trabajo en el seno del Gobierno de coalición, es solvente jurídicamente, respeta la Constitución y no vulnera ninguno de sus artículos ni de las competencias de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Dar respuesta al desamparo habitacional
La ministra ha afirmado que la vivienda es un requisito imprescindible para el desarrollo personal de la ciudadanía. En este sentido, ha argumentado que, para el Gobierno, además de un mandato constitucional, uno de los mayores compromisos es dar respuesta a situaciones de desamparo habitacional.
Según ha subrayado la titular de Mitma, es necesaria una Ley de Vivienda para cambiar la orientación de las políticas en esta materia durante las últimas décadas y que reconozca a la vivienda como el quinto pilar del Estado de bienestar. Tal y como ha remarcado, esta Ley es todo un hito en la historia de la democracia porque es la primera Ley estatal que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
En concreto, ha destacado que el texto legislativo tiene como objetivo satisfacer la necesidad de vivienda de aquellos colectivos más desfavorecidos, en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social y, con carácter general, de todos aquellos que tengan dificultades de acceso a la vivienda en el mercado, como los jóvenes.
Asimismo, la ministra ha aseverado que el Proyecto de Ley de Vivienda es y será respetuoso con los títulos competenciales delimitados en la Constitución Española, con la competencia exclusiva que en materia de vivienda tienen las Comunidades Autónomas y con las competencias contenidas en los Estatutos de Autonomía.
Medidas para el Acceso a la Vivienda
En su intervención en el Congreso, la ministra ha detallado los aspectos más relevantes dentro del Proyecto de Ley para lograr el acceso a una vivienda digna y adecuada. Al respecto, la ministra ha explicado que se debe conseguir una oferta suficiente de viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles, con lo que uno de los objetivos del Proyecto de Ley es la promoción del desarrollo de parques públicos de vivienda social.
En concreto, se ha referido al parque de vivienda social destinada al alquiler de titularidad pública, defendiendo que se deben establecer mecanismos de cooperación con las administraciones autonómicas y locales para que el régimen de protección de las viviendas ubicadas en suelos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas protegidas tenga un carácter permanente, no siendo posible su descalificación.
Asimismo, la responsable del departamento ha apuntado que es necesario que, si se localizasen en otro tipo de suelo, la normativa autonómica pueda establecer causas y plazos para su descalificación, plazos que en ningún caso podrán ser inferiores a 30 años.
Por otro lado, la ministra ha expuesto algunas medidas fiscales que afectan a las reducciones en el IRPF que benefician a los propietarios que alquilen sus viviendas. También en el ámbito fiscal, el Proyecto de Ley establece la posibilidad de que los ayuntamientos puedan establecer determinados recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los casos de inmuebles desocupados con carácter permanente, sin que puedan considerarse como tal las viviendas destinadas a segunda residencia o las que se encuentren vacías por causas justificadas.
Limitaciones de incremento de precios
Asimismo, en su intervención la ministra se ha referido a las limitaciones de los incrementos de precios y de la duración de los contratos en las zonas residenciales que sean declaradas como tensionadas. El proyecto de ley contempla la posibilidad de prórrogas adicionales para los contratos en vigor; y para los nuevos contratos contempla que el precio del nuevo contrato se establezca a partir del último precio del contrato precedente, con las actualizaciones que le correspondan.
En el caso de que se trate de viviendas ubicadas en estas zonas tensionadas que pertenezcan a grandes tenedores personas jurídicas (titulares de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados), la renta pactada en los nuevos contratos no podrá exceder del límite máximo del precio que resulte aplicable según el “sistema de índices de precios de referencia”.
En este contexto, la ministra ha precisado que tanto la capacidad para la declaración de zonas con precios de alquiler tensionados y la aplicación de estas limitaciones corresponderá a cada Comunidad Autónoma, lo que demuestra el respeto a la distribución de competencias entre administraciones.
Además de medidas fiscales y reguladoras, el Proyecto de Ley contempla también otras previsiones para facilitar las actuaciones e intercambio de información entre todas las Administraciones competentes, como es la creación de un registro de contratos de arrendamientos de viviendas y la elaboración de un sistema de índices de precios de referencia para los alquileres.
Con todo, la ministra ha incidido en que con la Ley se pretende garantizar una vivienda digna y asequible económicamente, evitando las infraviviendas, y dar una mayor protección a quienes vayan a realizar un contrato.
Protección de los más vulnerables
Además, se impulsa la protección a los más vulnerables, marcando la obligación para todas las Administraciones Públicas de atender prioritariamente a las personas que viven en asentamientos o barrios especialmente degradados y segregados, así como a las que padecen situaciones de sinhogarismo.
En este sentido, en el ámbito procesal, se refuerza la conexión entre los procedimientos judiciales que supongan el lanzamiento de personas o familias en situación de vulnerabilidad y los servicios sociales correspondientes, a efectos de que por estos puedan encontrarse soluciones alternativas de alojamiento.
En este punto, la ministra ha apuntado que la plena consecución de esa protección a los más vulnerables no se conseguirá hasta que España no cuente con una oferta de viviendas asequibles que resulte suficiente.
