El pasado jueves el Tribunal Constitucional hizo público que determina que Cataluña no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas. No es ninguna sorpresa. Los abajo firmantes ya lo denunciamos y hemos tratado de trasladar, sin éxito, al Govern, a los partidos y a la ciudadanía la inseguridad jurídica que supone la aplicación de esta ley, que además provoca los efectos contrarios a los pretendidos.
Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos ha escuchado y no se nos escucha, aunque hemos pedido reiteradamente encontrarnos con el Molt Honorable President de la Generalitat de Cataluña para poder comunicar nuestras inquietudes y propuestas, así como para compartir nuestra experiencia y conocimiento del comportamiento del mercado.
El Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña, en su dictamen, lo advirtió a todos los grupos parlamentarios y a los promotores de la ley, por lo que nadie debería sorprenderse de la resolución del TC.
Las reiteradas resoluciones contrarias -sin ir más lejos, hace pocos días se ha anulado el Decreto Ley 37/2020 de refuerzo al derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia y antes parte del Decreto Ley 17/2019 de medidas para mejorar el acceso a la vivienda-, están provocando y agravando una situación de inseguridad jurídica, en un tema tan delicado y básico como es la vivienda, que precisamente requiere estabilidad.
Es hora de que, de una vez por todas, el Govern y los grupos parlamentarios afronten la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que sólo provocan el efecto contrario, ya que cada vez hay menos disponibilidad de vivienda asequible y mayor desconfianza.
Es necesario crear un marco adecuado, sereno, donde todos los afectados puedan participar, donde se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social y, en definitiva, se puedan dar los elementos necesarios para hacer efectiva una verdadera concertación público-privada de todos los implicados o sea posible alcanzar el consenso necesario, en el que cada actor asuma su papel.
Se trata de que propietarios e inquilinos, que son los que se mueven principalmente en el sector privado, arreglen sus diferencias, pero también de que ambos exijan al sector público su participación directa con medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler.
No podemos seguir por el mismo camino y salvar los arrecifes jurídicos que cada vez pone sobre la mesa el TC, con parches y nuevas leyes, decretos-ley y decretos.
En este sentido, reiteramos nuestro ofrecimiento y nuestra predisposición a colaborar y participar para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas. No se puede escuchar únicamente las propuestas de unos determinados movimientos sociales y que los representantes políticos se limiten a seguir sus consignas ideológicas, sino que debe tenerse en cuenta a todos los agentes implicados para poder disponer de una regulación justa y equilibrada, y que represente una solución efectiva y estable al problema del acceso a la vivienda.
