En estos dos últimos dos años, desde la irrupción de la pandemia, los legisladores autonómicos y nacionales han introducido constantes y ciertamente contradictorias modificaciones sobre la normativa de propiedad. Todos estos cambios, orientados a buscar dar una mayor importancia a la función social de la vivienda, no han hecho sino contribuir a un creciente clima de incertidumbre e inseguridad jurídica para los propietarios.
En este sentido, Arantxa Goenaga, abogada y socia de Círculo Legal, advierte sobre una disminución clara en la oferta de alquiler, motivada por este marco legislativo cambiante, y una clara intención de los propietarios de vender las propiedades para sentirse más seguros.
“En este tiempo se han presentado todo tipo de medidas, como la limitación de precios de alquiler en Cataluña, la cual ha acabado siendo suprimida, pues no servía para mejorar la calidad de la vivienda digna. Quien tiene la obligación de cumplir con esto es la administración pública, no los particulares”, ha explicado este jueves la abogada en un webinar organizado junto al portal especializado Economist & Jurist.
Inestabilidad y colapso de la Justicia
Para la experta, el Tribunal Constitucional (TC) ha adquirido un excesivo protagonismo, viéndose obligado a pronunciarse “casi a diario”. Este sinfín de actividad legislativa ha fomentado un mercado inmobiliario “inseguro y con cambios constantes” en el que ninguno de los agentes termina de conocer la norma vigente. ¿El mayor reflejo de esta problemática? La entrada en vigor de hasta 11 reales decretos entre los años 2020 y 2022 con medidas sobre los contratos de arrendamiento.
“Si echamos la vista atrás y nos centramos en el real decreto de medidas urgentes para autónomos y afectados de la Isla de la Palma, observamos como se incluyó la suspensión de procedimientos judiciales hasta el 30 de septiembre de 2022. No entendemos qué relación tiene esto con el desastre de La Palma y que necesidad hay de complicar, todavía más, unos juzgados que ya funcionan mal por el exceso de trabajo que tienen y la falta de medios”, afirma Goenaga.
Además, casi la totalidad de estas medidas urgentes -a excepción de una- causan también un grave perjuicio a los propietarios: “Si bien eran lógicas las facilidades que se le daban a los arrendatarios por la paralización de la actividad, hay que tener en cuenta que esta situación también afecta a los propietarios que dejan de cobrar esa renta; no se les tiene en cuenta”.
Ley por el derecho a la vivienda: aspectos positivos y negativos
Uno de los puntos que más debate ha generado estos últimos meses la propuesta de ley por el derecho a la vivienda. Para Goenaga, el aspecto más positivo de la misma es la limitación de venta y obligación de conservación del parque de vivienda público.
En lo que respecta a aspectos negativos, la abogada concuerda con el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que no solo existen “multitud de imprecisiones jurídicas y vulgarismos”, sino que la nueva norma no puede desplazar por completo a lo que ya venían haciendo las Comunidades Autónomas. “El Estado debería hacer una intervención mínima y no máxima”, aclara.
Goenaga se muestra sorprendida por las “novedades” que presenta esta ley, pues en mayoría de comunidades ya existía una regulación en materia de vivienda, en especial en Cataluña. Ahora, al introducir nuevos conceptos y obligaciones con carácter estatal, se da “un conflicto de aplicación”, en el que cada parta decidirá, según le convenga, aplicar la preexistente ley autonómica o lo propuesto por el Gobierno.
“Entendemos que es compleja esta legislación y que va a suponer una serie de conflictos. Impone, por un lado, una duración de contratos sin causa justificada. Al final vamos a retroceder 50 años, cuando los propietarios no reformaban sus inmuebles. El Gobierno quiere mejorar el parque urbano, pero lo que están provocando es que vaya en detrimento”, detalla la abogada, que critica también la nueva normativa en materia de ocupación al recordar que el parque inmobiliario español es de pequeños propietarios, muchos de ellos “vulnerables” y que dependen del cobro de ese alquiler para subsistir.
Un futuro lleno de incertidumbre
Para evitar que esta situación se prolongue en el tiempo y tenga efectos negativos a largo plazo en la economía española, desde Círculo Legal tienen claro lo que es necesario: “quien legisle debe saber lo que está haciendo y no esperar a que vengan a rectificarlo”.
“En resumen, creo que estamos en una época en la cual se legisla de cara a la galería sin tener en cuenta la realidad jurídica y económica. Esto nos lleva a una inseguridad y una manera de trabajar que no es sana, porque nunca sabemos que es lo que nos vamos a encontrar y que es lo que se le va a ocurrir al gobierno”, concluye.
