El bono joven del alquiler, una de las medidas estrella del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda de la población más joven, sigue su puesta en marcha y llega a la Comunidad de Madrid con más dudas que certezas sobre su impacto real.
“Se trata de un bono que genera muchas dudas, principalmente por su heterogeneidad. Tanto en la aplicación, como en diferentes cifras, territorios o fechas de puesta en marcha. Todo esto genera una serie de dudas, que se unen a las complicaciones administrativas en los procesos de aplicación en los que los jóvenes se encuentran a la hora de solicitarlo”, explica Ferran Font,director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com.
Aprobada por el Consejo de Ministros a inicios de año, el bono joven del alquiler es una ayuda de hasta 250 euros mensuales dirigida a inquilinos españoles de entre 18 y 35 años. Para su correcta aplicación, el Gobierno dotó a esta ayuda de una partida de 200 millones de euros a repartir entre cerca de 70.000 beneficiarios en todo el territorio nacional.
Una medida insuficiente
El gran problema de esta ayuda, más allá del escaso número de personas que se podrán beneficiar, recae en el tope que establece para la cuantía máxima de los contratos de alquiler, que oscila entre los 600 y 900 euros mensuales en función de la ciudad.
“Hay dudas sobre si se están dimensionado bien este tipo de ayudas, especialmente en las ciudades más importantes. Estamos viendo como las condiciones para acceder a este bono difícilmente pueden cumplirse en grandes capitales, como Madrid o Barcelona, donde no es sencillo encontrar alquileres por debajo del precio que estipula el bono”, advierte Font.
En este mismo sentido, el director de Estudios de pisos.com recuerda que, en un mercado del alquiler como el español, caracterizado por tener una oferta rígida y poca posibilidad de crecimiento, “subvenciones finalistas como el bono joven tienen altas posibilidades de acabar trasladándose y afectar a los precios”.