La Agencia Negociadora del Alquiler ante la escalada de precios de los alquileres y la urgencia y necesidad de atender a determinados colectivos vulnerables, vuelve a proponer, como ya lo hizo en su momento, que la Ley de Vivienda, que está en proceso de aprobación por la Cortes, incluya algún mecanismo por el que el Estado pueda convertirse en arrendatario, pague a los propietarios las rentas de sus viviendas a precios más competitivos, y luego subarriende estas a los inquilinos más vulnerables a través de alquileres sociales.
“La propuesta que ponemos encima de la mesa es que el Estado, tanto desde la Administración Central o Autonómica, se convierta en arrendatario o avalista de una parte de las miles de viviendas que se ofertan actualmente, para que se utilicen como alternativas habitacionales de los inquilinos más vulnerables, desarrollando así una verdadera política social de vivienda, donde el coste del alquiler social lo asuma el Estado y no se lo traslade al propietario particular como está haciendo hasta ahora”, subraya José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
Para el directivo de ANA, “el propietario arrendador no tendría inconveniente en realizar este tipo de operaciones, porque obtendría la garantía y seguridad que aporta tener al Estado como arrendatario, e incluso se podría utilizar como marco para establecer las rentas de estos arrendamientos, en el índice de precios de alquiler del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Para que esto funcione, el Gobierno deberá abandonar la propaganda política y sobre todo las limitaciones que está imponiendo a los arrendadores con sus políticas intervencionistas, y gastar dinero de verdad donde se necesita”.
“Esta fórmula, prosigue Zurdo, no necesitaría del tiempo de espera que supondría la construcción de nuevas viviendas para alquiler social, puesto que se podría utilizar de inmediato el parque de viviendas privadas que hay actualmente en el mercado del alquiler. Y, además, al aparecer el Estado como garante de las rentas y aportar la seguridad jurídica necesaria, esta situación provocaría que aflorasen más viviendas al alquiler, aumentando la oferta, lo que posiblemente pararía la escalada de precios del alquiler.” “Esta es una solución real e inmediata para que el Gobierno, de una vez por todas, resuelva el problema de la carestía del alquiler, todo lo demás es demagogia”, afirma Zurdo.
