En las últimas semanas, el Govern de las Islas Baleares ha expresado su deseo de limitar las operaciones de compraventa llevadas a cabo por extranjeros. Una propuesta, advierten desde el despacho Círculo Legal Barcelona, puramente “populista” y que atenta contra el derecho nacional y europeo.
“Las medidas que pretenden plantear el Gobierno Balear de impedir el acceso al mercado inmobiliario de ciudadanos extranjeros es, una vez más, una medida populista que realmente no busca ninguna solución”, comenta la abogada y socia de Circulo Legal, Arantxa Goenaga, quien recuerda que no es la primera vez que la Unión Europea tiene que dar un toque de atención al Govern, al atentar directamente contra la propiedad privada y el derecho a la libre circulación que existe en la eurozona.
Desde el ejecutivo Balear no desisten y continúan buscando la forma de controlar el peso del comprador extranjero en las compraventas, a quien acusan de adquirir la Golden Visa y encarecer los precios medios del mercado.
“Consideramos que esto no es así por dos motivos fundamentales: por un lado, no existen ciudadanos suficientes que adquieran la residencia por la Golden Visa como para alterar el mercado; mientras que, por otro, las viviendas de más de 500.000 euros no son, ni mucho menos, el tipo de propiedad que busca el ciudadano medio”, detalla Goenaga.
La inseguridad jurídica sigue reinando en el inmobiliario balear
Por consiguiente, desde Círculo Legal Barcelona señalan a la “inseguridad jurídica” como la principal problemática del Real Estate en las Islas Baleares, junto a una “normativa que protege cada vez menos al propietario” y la “falta de oferta de vivienda social por parte de los poderes públicos”.
“Dicen que la población balear tiene que irse porque no puede adquirir una vivienda, pero no adoptan medidas para ayudarles, como una rebaja en los impuestos que gravan la adquisición de vivienda o el fomento de incentivos fiscales para que exista mayor alquiler para los foráneos. Como siempre buscan que los particulares les den la solución cuando ellos tienen al alcance poder adoptar medidas que fomentarían un mercado inmobiliario seguro y sin tanta especulación y, por descontado, tienen medios para hacerlo sin necesidad de que sean inconstitucionales”, concluye Goenaga
