La ocupación de inmuebles es un problema que preocupa cada vez más a los propietarios españoles, y no es de extrañar pues, tal y como señalan desde Tecnotramit, ha crecido en los últimos años ante la proliferación de mafias que han encontrado rentabilidad en dicha práctica.
“El poder judicial, fiscalía y policía deben tomar consciencia de que la ocupación se ha enquistado en nuestra sociedad y ha tomado una dimensión insostenible, llegando a convertirse es un medio para que organizaciones ganen dinero”, explica el director de Asesoría Jurídica en Tecnotramit,David Viladecans Jiménez, en relación a los mecanismos de extorsión que se llevan a cabo en la actualidad contra los propietarios.
Para el experto, la clave para acabar con este problema, desde el punto de vista jurídico, es atacar al aliciente que supone el cobro por abandonar la propiedad. En este sentido, Viladecans pide el desarrollo de unidades especializadas de la policía para averiguar los entramados detrás de casos concretos: “No tiene sentido detener a un pequeño traficante, porque mañana habrá otro que lo sustituirá; hay que atacar a la red de distribución y suministro; y lo mismo sucede con la ocupación”.
La nueva Ley de Vivienda no es la solución
Para poder darle la vuelta a esta situación, el director de Asesoría Jurídica en Tecnotramit asegura que la futura ley de vivienda “no solucionará nada”, al considerar que el problema no son los instrumentos legales, sino “la falta de voluntad y contundencia” de la policía, fiscalía y los jueces, que han ignorado el problema hasta que la ocupación se ha transformado en “un monstruo de difícil gestión”.
Así, Viladecans Jiménez afirma con rotundidad que el la policía, la fiscalía y el poder judicial “pueden hacer más” de lo que han hecho hasta ahora, dado que no han adoptado todas las medidas que están en sus manos para que un delito deje de cometerse. A su vez, recuerda que, más allá del allanamiento de morada, se producen con frecuencia casos de hurto de muebles, daños, amenazas y coacciones y posible pertenencia a una organización que se dedica a estos hechos.
“Toda esta pasividad por parte de policía, fiscalía y jueces ha provocado la aparición de empresas especializadas en desocupación”, recuerda Viladecans, y añade “cada vez que se paga a un ocupa se le están dando razones para que lo vuelva a hacer y fomentado que la víctima se tome la justicia por su mano”.
