La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) hace público su análisis sobre la nueva Ley de Vivienda. Su presidenta, Montserrat Junyent, considera que “nace en un contexto electoralista tras un largo letargo”. “De forma precipitada, las fuerzas políticas desbloquean su trámite y, lejos de fomentar el incremento de viviendas en el mercado, apuestan por medidas que, en su aplicación, reducirán la oferta, como ha pasado en Cataluña”.
Desde FADEI lamentan las recientes declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, en las que afirmaba que “con esta Ley gana la ciudadanía y pierden la banca, los especuladores y la patronal inmobiliaria”. No obstante, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 España contaba con 56.838 empresas activas prestadoras de servicios inmobiliarios por cuenta de terceros de las cuales, casi el 90% tenían un máximo de dos trabajadores.
Se confunden las empresas que gestionan y comercializan producto propio con el una empresa inmobiliaria, dedicada a prestar servicios a terceros, cuyo perfil es el de una pequeña empresa, y su intervención en el mercado se desenvuelve en el terreno de la gestión y asesoramiento, sin que se posicione en favor de ninguna de las partes que intervienen en el proceso, su función es la de tratar que comprador y vendedor, arrendador y arrendatario alcancen un acuerdo y cierren la operación sin favorecer con su intervención a uno o a otro.
“Ese trabajo les convierte en un operador privilegiado, perciben la situación del mercado, conocen de primera mano las inquietudes y necesidades de compradores, vendedores, arrendadores y arrendatarios. Sin embargo, la imagen que se proyecta de las empresas del sector inmobiliario es la de estar vinculadas a la especulación y posicionadas en la defensa de intereses espurios, cuando en realidad son garantía de un buen funcionamiento del mercado y un equilibrio en la defensa de los intereses de las partes”, lamenta Junyent.
La presidenta de FADEI va más allá: “Lamento no poder estar de acuerdo con la ministra, pues quienes pierden son los ciudadanos usuarios de los servicios de las agencias inmobiliarias. Pierden protección ante el rechazo persistente y la reiterada negativa de crear registros de carácter obligatorio y censal que dotarían de mayor transparencia a la prestación de servicios de intermediación inmobiliaria y elevarían la seguridad jurídica del consumidor”.
Regular la profesión inmobiliaria para proteger al consumidor
En este sentido, desde FADEI se recuerda que los poderes públicos deben garantizar a los ciudadanos que la adquisición o alquiler de una vivienda se produzca en un contexto de seguridad jurídica adecuado y nunca por debajo de la que tienen en la compra o el uso de cualesquiera otros bienes.
La organización reclama que debiera garantizarse por ley que cualquier operador cuente con la necesaria formación, la tenencia de un seguro de responsabilidad civil y una garantía de caución, entre otros. “Un sector que busca su propia regulación es un sector apuesta por mejorar la calidad de los servicios que presta, elevar el nivel formativo de las empresas y ofrecer una seguridad que garantice las entregas de dinero de terceros y que cubra cualquier error que pueda producirse en el contexto de cualquier operación inmobiliaria”, subrayan desde FADEI.
“Los conocimientos no deben presuponerse, deben ser acreditados. Máxime cuando la intervención viene referida a bienes inmuebles que pueden constituir la vivienda de los interesados en sus servicios. La protección al consumidor no viene exclusivamente a través de la exigencia de información o de la entrega de documentación”, indica Junyent.
El texto ignora cualquier medida en la dirección pretendida y prioriza la libre competencia y el libre acceso a la actividad inmobiliaria. A pesar de citar a las agencias inmobiliarias, ni las define ni detalla en qué consiste su actividad, pero sí revierte una práctica del sector al interferir en la contratación entre las partes, impidiendo que la retribución de la agencia sea a cargo del inquilino. En realidad, el arrendatario pierde protección si el arrendador prescinde de los servicios de la agencia y actúa directamente por su cuenta en la comercialización, contratación y gestión del arrendamiento.
“Esta medida, que en primera instancia será aplaudida por los arrendatarios, puede ser también un elemento adicional en la reducción de la vivienda en alquiler. La limitación del precio, la imposibilidad de actualización acorde con el incremento del IPC, no poder repercutir costes reales de mantenimiento y reparación, así como la obligación de prórrogas en determinadas situaciones no constituyen el mejor escenario para incrementar el parque de vivienda en alquiler de nuestro país, sino todo lo contrario”, concluye la presidenta de FADEI.
