La consultora inmobiliaria Laborde Marcet ha advertido sobre los riesgos de aumentar el porcentaje de reserva de suelo para vivienda protegida en nuevas promociones inmobiliarias y ha señalado el caso de Barcelona como ejemplo de “mala gestión”, al haber provocado la paralización de la actividad de las promotoras inmobiliarias.
En su carrera para aumentar el número de viviendas de alquiler social, el Ayuntamiento de Barcelona decidió obligar a las nuevas promociones inmobiliarias, así como a rehabilitaciones de más de 600m², a reservar el 30% de las viviendas al régimen de Viviendas de Protección Oficial (VPO).
“Con este tipo de medidas se acaban consiguiendo los resultados opuestos, pues al reducir los incentivos y potenciales beneficios a los promotores, la obra nueva se estanca y las plazas para vivir en Barcelona se reducen”, explica Miquel Laborde, socio fundador de la consultora inmobiliaria Laborde Marcet, y añade, “en Barcelona todo esto ha derivado, como era evidente, en un impacto negativo tanto para el mercado de la vivienda como para el desarrollo de Barcelona”.
Una medida ineficiente
Esta medida no solo ha sido criticada por diferentes actores del sector, sino que sus resultados, a día de hoy, siguen estando en duda. Tal y como recoge el Servei de Concessió de Llicències de l’Ajuntament de Barcelona, desde la aprobación de esta medida a finales de 2018 solo se concedieron (al cierre de 2022) 11 licencias de obra con reserva del 30% de VPO, o, en otras palabras, 52 viviendas.
“Hablamos de una cifra muy alejada de las previsiones del consistorio, que aspiraban a sacar al mercado más de 330 pisos anualmente”, comenta Laborde. En este sentido, desde la consultora inmobiliaria llaman a una “revisión exhaustiva” de la política de vivienda de la Ciudad Condal que permita reactivar la promoción inmobiliaria y las grandes rehabilitaciones, necesarias para aumentar el parque de vivienda barcelonés.
