La entrada en vigor de la Ley de Vivienda el pasado 26 de mayo continúa generando controversia. La limitación de los precios de los alquileres residenciales ha propiciado que las viviendas de uso turístico y temporal se hayan convertido en un refugio para los inversores, quienes aprovechan la falta de regulación de precios en este tipo de propiedades. Con el fin de contrarrestar esta problemática y evitar que los propietarios opten por este tipo de contratos para eludir la limitación de los precios, la Generalitat propone impulsar una nueva legislación que regule los contratos de alquileres de temporada y uso turístico.
Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario de referencia en Barcelona, considera que la aplicación de esta ley podría producir un daño incalculable a la inversión en vivienda en Cataluña. “Esta propuesta de ley llevaría a un deterioro todavía mayor en el mercado del alquiler. Estás constantes regulaciones lo único que consiguen es espantar toda la inversión”, afirma el director general de ACV Gestión Inmobiliaria.
Ester Capella, consellera de Territorio de la Generalitat, ha anunciado en la comparecencia de este miércoles en el Parlament de Cataluña que, además de impulsar una nueva ley para regular los contratos de temporada, llevarán a cabo una nueva regulación de las viviendas de uso turístico y de temporada. Para el ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario), estas propuestas “están generando incertidumbre entre los propietarios”. Además, advierte que esta ley “va a acabar definitivamente con la oferta y vamos a vivir en una retirada masiva de viviendas del mercado en Cataluña”.
Retirada masiva de un mercado al alza
Datos de Incasòl (Instituto Catalán del Suelo), organismo de la Generalitat encargado de las fianzas de los alquileres, indican que entre los años 2019 y 2022 la firma de contratos de temporada se ha incrementado un 20%. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Cataluña es la tercera comunidad autónoma con más viviendas turísticas en España, con un total de 45.709, situándose tan solo por detrás de Andalucía y la Comunidad Valenciana.
De seguir en adelante con esta normativa, Unsain subraya que los inversores nacionales y extranjeros buscarán nuevos mercados en aquellas comunidades autónomas regidas por la derecha, con el objetivo de evitar las limitaciones de precios catalanas.
El nuevo alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, proponía esta misma semana reformar la ley del 30% de vivienda social. En ese sentido, el experto en el mercado inmobiliario propone apostar por la promoción de un nuevo parque de viviendas sociales de precio limitado al que pueda acceder los ciudadanos con menos recursos económicos, y así descartar esta regulación que “producirá un encarecimiento todavía mayor del precio medio de los alquileres en Barcelona”.
