Meses después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el pasado mes de mayo, el Ministerio de Vivienda ha presentado este martes el índice de referencia que marcará el límite del precio de los alquileres. En el caso de Cataluña, primera de las comunidades autónomas en solicitar la determinación de zonas tensionadas, serán 140 municipios los que aplicarán los límites en los arrendamientos a partir del próximo 13 de marzo.
Para Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia en Cataluña, y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, la entrada en vigor de esta limitación el próximo mes no contribuirá a reducir los precios, sino que será la oferta la que disminuirá, dificultando así el acceso a vivienda a las familias con menor capacidad adquisitiva.
“Estamos ante un error mayúsculo«, advierte Unsain. «Intervenir el mercado de la vivienda no solo no va a reducir los precios, sino que lo que va a provocar es que la gente desplazará sus inversiones a otras regiones y van a cambiar los tipos de contrato, provocando un aumento de precios que dejará fuera del mercado del alquiler a las personas con menor capacidad y con menor solvencia”, asegura el ex presidente de AEPSI (Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliarios).
En ese sentido, el experto muestra su preocupación sobre el aumento de “inseguridad” entre los inversores y promotores inmobiliarios que, ante esta medida, se desplazarán, previsiblemente, a zonas gobernadas por otras fuerzas que no apliquen esta ley, pues vivienda es una competencia autonómica: “vamos a ver una reducción clara de las inversiones de vivienda en Barcelona en detrimento de otras comunidades; y a menor oferta, mayores serán los precios”.
España sigue necesitando más vivienda social
Otro de los efectos que podría tener esta entrada en vigor del límite de precios en el mercado es, en palabras de Unsain, el traspaso de los alquileres de vivienda habitual a los de formato temporal. Otro factor, en definitiva, que es “perjudicial precisamente para aquellos que en teoría el Gobierno pretende beneficiar con esta normativa, es decir, las personas con menos recursos”.
En contraposición de medidas intervencionistas, el experto recuerda la falta de vivienda social que sigue padeciendo España, pues es este el tipo de hogares a los que pueden aspirar las personas con ingresos más ajustados. “Esto es lo que tiene que hacer el Gobierno, y yo intervenir en los precios; ya lo probaron hace dos ñaños en Barcelona y no funcionó, por eso es tan sorprendente que vuelvan a intentarlo”.
