La Generalitat ha aprobado este miércoles un Decreto Ley que permitirá ampliar el tope de precios de alquiler a los arrendamientos temporales que no tengan como finalidad el ocio o las vacaciones. Con esta medida, la Generalitat trata de evitar que los propietarios que intentan esquivar la regulación de los precios del alquiler aprovechen este tipo de contratos para eludir la ley.
Sin embargo, es una visión que no comparte el sector inmobiliario que, por el contrario, considera que esta restricción empeorará la situación del mercado de alquiler en la región.
Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI), califica esta medida como un “enorme error que no soluciona los falsos contratos de alquiler temporal”. En su opinión, esta decisión responde a fines electoralistas. “Lo primero que deberían de hacer es su trabajo, es decir, investigar y multar a aquellas personas que alquilan su vivienda con un contrato temporal, cuando en realidad no hay una temporalidad detrás de esos inquilinos. Deberían exigir una justificación a todos los propietarios que están haciendo contratos temporales para realmente perseguir a aquellos que lo están haciendo mal”, detalla Unsain.
“En lugar de reconocerse los errores producidos por la intervención de las rentas de los alquileres tradicionales, (que ha hecho desaparecer la oferta de viviendas en alquiler), lo que hace esta medida aprobada, es incidir en el mismo error, ampliando la intervención a otros alquileres que se han desarrollado por este intervencionismo”, señala José Ramón Zurdo, director de ANA, la Agencia Negociadora del Alquiler.
El lado positivo de la norma
También hay quien encuentra el lado positivo de esta nueva regulación. Como señala Ferrán Font, director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, es bueno que esta norma defina las reglas y condiciones que se deben cumplir para estar dentro de lo que es el alquiler temporal, así como establecer un régimen sancionador en caso de no respetar dichos limites, ya que es algo que no se estipulaba de forma clara en la nueva Ley de Vivienda.
Aunque también advierte de la inseguridad jurídica que puede generar esta modificación urgente. “Debemos tener en cuenta que todo esto se está haciendo a través de una modificación de urgencia, con un decreto justo antes de un periodo electoral, lo que no ofrece mucha tranquilidad ni al sector en general, ni a los propietarios en particular”, añaden desde pisos.com.
ANA señala además el alcance que puede tener la medida para otras fórmulas de alquiler: “Con la aprobación de este Decreto Ley se vuelve atacar a los arrendadores creándoles más inseguridad jurídica, y también a promotores e inversores, porque esta medida pueda afectar a otro tipo de arrendamientos similares que ahora están en auge como los coliving o los alquileres flexibles”. La Agencia Negociadora del Alquiler duda incluso de la legalidad del Decreto Ley ya que, según afirman, “vulnera la regulación contenida en dos leyes generales, la Ley de arrendamientos urbanos y la reciente Ley para el derecho a la vivienda que vinculan la regulación de los precios de los alquileres solo para los alquileres tradicionales”.
Menos oferta de vivienda en alquiler
Los expertos del inmobiliario coinciden en que, con esta medida, muchos propietarios optarán por la venta frente al alquiler perjudicando, de nuevo, a las personas más vulnerables.
“Hasta ahora estos inmuebles se estaban traspasando al alquiler temporal, pero con toda probabilidad los propietarios encontrarán nuevas alternativas como trasladarse al mercado de la compraventa o quitarlos del mercado”, detalla Font. “La oferta se va a constreñir todavía muchísimo más y, lógicamente, no sé cómo, pero no creo que se vayan a contener los precios por mucha ley que pongan”, sentencia Unsain.
