EP. Sevilla. 11/07/2013
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido hoy de forma cautelar el decreto andaluz contra los desahucios al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno, que no explicará en el Congreso su decisión de recurrir la norma, tal como había pedido la oposición.
La decisión paraliza en Andalucía la aplicación de este decreto al menos durante los próximos cinco meses, durante el tiempo que necesiten para tramitar sus alegaciones los gobiernos central y autonómico.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías constitucionales deba decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, levantarla.
Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el TC resuelva sobre la legalidad de este decreto.
En la providencia notificada hoy, el pleno del TC da traslado de su decisión a la comunidad de Andalucía para que en el plazo de quince días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas.
Conforme a la legislación, ha dado también traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado y al Parlamento de Andalucía.
Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta de Andalucía había iniciado los expedientes de expropiación temporal de diez viviendas a los bancos: cuatro para familias de Málaga, dos de Granada, dos de Huelva y uno de Sevilla y de Cádiz, según la Consejería de Fomento y Vivienda.
El Gobierno que preside Mariano Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz por considerar que vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda.
Pero hoy, el PP ha rechazado, en la Diputación Permanente del Congreso, que el Gobierno comparezca de forma extraordinaria para explicar su decisión de recurrir este decreto, explicaciones que habían exigido el PSOE, la Izquierda Plural y el grupo mixto.
El PSOE ha defendido que la «grave» decisión del Gobierno de impugnar este decreto debía ser explicada en un pleno extraordinario por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría.
Por su parte, el portavoz parlamentario de IU José Luis Centella, que se ha declarado «indignado» con la suspensión del decreto, ha expresado su «máximo desprecio a quienes hoy han mandado a la desesperación a gente decente en Andalucía».
Centella ha dicho que «hoy la banca y la Troika van a dormir tranquilas», pero que «muchas personas en Andalucía que pensaban que este decreto era su única oportunidad no van a dormir».
En esta misma línea, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha tachado de «indecente» y «cobarde» el recurso y ha dicho que el Gobierno está cometiendo la «indecencia política de defender a los más poderosos».
Ha calificado de «irrazonable» la actitud del Gobierno que «defiende a los poderosos frente a los débiles» y ha asegurado «seguir luchando» por este decreto, a la vez que ha destacado el «dolor» que supondrá para las familias afectadas.
Sobre el «plan B» que la Junta tenía si el Gobierno recurría el decreto, ha explicado que es un «plan institucional y de defensa de los derechos hasta el límite que sea necesario».
El director general de Vivienda, Antonio Ibáñez, ha defendido la constitucionalidad del decreto y ha denunciado que el Gobierno hace «un uso perverso y torticero» del Tribunal Constitucional.
El PP-A considera que «ha quedado muy en evidencia la estrategia de confrontación» con el decreto, ya que tienen la impresión de que se planteó con «rasgos de inconstitucionalidad» para que el Gobierno recurriera y poder así atacar al presidente, Mariano Rajoy.
La vicesecretaria del PP-A Alicia Martínez ha señalado que la Junta «no ha esperado ni un minuto, ayer mismo salió en tromba» por ese recurso y ha dicho que «da la impresión de que todo obedece a una estrategia previamente planificada».
