ASPRIMA analiza de la mano de la CAM la Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) ha organizado un encuentro junto con la firma de abogados Uría Menéndez y la Comunidad e Madrid para analizar los retos y oportunidades de la nueva Ley para la transformación de suelo y oficinas en vivienda.

Carolina Roca, presidenta de ASPRIMA, ha calificado la nueva modificación legislativa como “valiente y disruptiva”, que permitirá optimizar al máximo el uso del suelo vacante. “Estamos convencidos de que aportará agilidad al desarrollo de promociones de vivienda asequible en alquiler, tan necesaria en estos momentos”, ha destacado. Asimismo, Roca ha subrayado el compromiso de la Asociación en “lograr la inversión necesaria para garantizar el éxito de esta ley”.  

Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid deberán decidir en sus plenos antes del 4 de noviembre si adoptan la normativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación del texto legislativo. En el caso de que los consistorios de la Comunidad de Madrid no se pronunciasen, se considerará silencio positivo. Una vez transcurrido este período, se podrán solicitar las licencias para la implementación de este uso alternativo durante los dos años siguientes y los proyectos deberán ejecutarse en un plazo máximo de tres años.

Durante la jornada, María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, y Sara Aranda Plaza, directora general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, han realizado un análisis detallado de la Ley 3/2024, de 28 de junio. Esta medida legislativa, de carácter urgente, busca generar vivienda asequible en alquiler a corto plazo, permitiendo el uso residencial alternativo en parcelas calificadas urbanísticamente como suelo terciario oficinas, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico municipal.

Aunque la ley tiene un carácter excepcional y una aplicación temporal, se espera que tenga un impacto duradero en el mercado de la vivienda. Desde un punto de vista jurídico, esta normativa es considerada disruptiva, ya que se sustenta en la Ley del Suelo de 2021, sin alterar el marco de los planeamientos urbanísticos y siendo respetuosa con las competencias  municipales.

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