Los cambios introducidos en la legislación de los alquileres a través de la Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda “han ido en detrimento del propietario y a favor del inquilino”. Este desequilibrio se observa en diferentes aspectos de la nueva legislación, que introduce el concepto de vulnerabilidad y amplía los plazos del procedimiento para el desahucio, dificultando las opciones de recuperación de la vivienda o de restitución de rentas impagadas. En este contexto, la reforma introducida por la nueva Ley de Vivienda en los desahucios “favorece la inquiokupación”.
La jornada celebrada en el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM), que fue seguida de forma presencial y online, fue impartida por José Merino, Asesor Jurídico de COAPIMADRID – AIM.
Lo que ha producido esta reforma es “una reducción de la oferta de inmuebles en alquiler para vivienda habitual, con subidas muy elevadas de las rentas, ya que actualmente los propietarios se encuentran en una situación muy compleja para ofrecer los inmuebles en alquiler para vivienda habitual”, explicó Merino. La consideración de la vulnerabilidad del inquilino, haber acudido previamente a una conciliación o acreditar si el inmueble es vivienda habitual, son algunas de las nuevas exigencias que tienen que analizar los juzgados para admitir las demandas de desahucio, “lo que está provocando desde mayo de 2023 unas dilaciones excesivas en el trámite de admisión, independientemente de la cuantía de los procedimientos”.
Con la nueva ley se ha creado un escenario en el que “el propietario no se arriesga a poner la vivienda en el mercado, no tiene seguridad jurídica, ya que incluso él mismo puede caer en situación de vulnerabilidad si no le es posible desahuciar al inquilino por falta de pago de la renta”, precisó el asesor jurídico de COAPIMADRID – AIM quien alertó también de que “se está produciendo una dilación de diez meses para presentar las demandas de desahucio”.
Los agentes inmobiliarios colegiados asociados realizan una función de mediación entre las posturas de los contratantes, disponen de un seguro de responsabilidad civil y están sometidos a la disciplina de un Código Deontológico y de conducta profesional. También cuentan entre sus funciones principales la de colaborar con la Administración de Justicia al desplegar sus conocimientos especializados como peritos oficiales en los tribunales. Ello es posible gracias a la utilización de TAS//API, que es la aplicación online del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) para la realización telemática de informes periciales de bienes inmuebles.
