A partir de hoy, los propietarios particulares que tengan un contrato de alquiler en vigor, tendrán que seguir asumiendo, en situaciones de vulnerabilidad, los impagos y los posibles destrozos en sus viviendas y la imposibilidad de recuperarlas, sin ninguna compensación económica, gracias a la prórroga de la paralización de los desahucios aprobada ayer en un Real Decreto de Gobierno y sin poder obtener el aval, puesto que solo podrán acceder al mismo los arrendadores que firmen nuevos contratos de alquiler desde la entrada en vigor de este Real Decreto. En este sentido, el Decreto-ley no contiene una previsión específica de carácter retroactivo para esta línea de avales, como en el caso de los desahucios, por lo que ha de entenderse aplicable sólo a contratos suscritos a partir de su entrada en vigor el 30 de enero de 2025.
“Resulta inconcebible que la política social de este Gobierno en materia de alquiler la tengan que seguir pagando los propietarios particulares, porque el aval anunciado que pretendía compensar a la parte arrendadora, deja fuera a más de 3 millones de contratos de alquiler en vigor. Y para los nuevos contratos de alquiler, será totalmente inaccesible para el 85% de propietarios de viviendas en alquiler, cuyas rentas están fuera del rango del índice estatal de referencia al alquiler aprobado por el Gobierno”, afirma Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro.
Para el jurista especializado en arrendamientos urbanos, Carlos Sánchez, “en un contexto donde la destrucción de oferta de viviendas en alquiler es diaria, resulta más necesario que nunca incentivar a los propietarios para que puedan poner con seguridad más viviendas en el mercado. Desde Alquiler Seguro creemos que esta medida, como ya se ha comprobado durante los años anteriores, supone un catalizador a la inseguridad jurídica ya existente en este punto, circunstancia que desalienta la puesta en el mercado de inmuebles por parte de los propietarios y, consecuentemente, provoca un efecto directo consistente en una mayor tensión de los precios al existir una menor oferta por la incertidumbre que este tipo de regulaciones implican. Por supuesto, celebramos la existencia de medidas de protección a colectivos vulnerables, sin embargo, éstas no deberían ser asumidas por los propietarios, tal y como actualmente se han configurado, afirma Carlos Sánchez.
EL ARRENDADOR TENDRÁ QUE SOPORTAR LOS IMPAGOS DURANTE UN AÑO O MÁS
Para el responsable del área jurídica de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, “es importante tener en cuenta que el cobro de tales gastos no está configurado como un mecanismo inmediato, sino que es preceptivo que el propietario presente una solicitud para el cobro de las cantidades debidas y avaladas en el plazo de seis meses desde la recuperación de la posesión, por lo que, entretanto, los costes serán asumidos exclusivamente por el arrendador aun cuando se encuentre bajo el paraguas de este instrumento. Así, y haciendo un cálculo aproximado, un arrendador, desde el primer mes de impago, hasta percibir la compensación vía aval, puede transcurrir 1 año o más, donde será el propietario particular el que tendrá que hacerse cargo de todos los gastos”.
“La extensión de la suspensión de los desahucios en caso de que los inquilinos sean declarados vulnerables es un punto de incertidumbre para los propietarios, que muchas veces dejan de percibir los ingresos por el alquiler de sus viviendas como consecuencia de una situación sobrevenida de la que deberían hacerse cargo los poderes públicos”, señala Carlos Sánchez, responsable del área jurídica de Alquiler Seguro.
“Estamos a favor de proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, pero sin generar una relación asimétrica entre propietario e inquilino, donde la vulnerabilidad tenga que pagarla un particular. No es el propietario quien debe soportar las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces derivan en impagos”, añade Sánchez.
MÁS INCERTIDUMBRE E INSEGURIDAD JURÍDICA
“Lo que es seguro es que este tipo de medidas generan todavía más incertidumbre en un mercado ya de por sí muy sensible, con constantes cambios legislativos que no generan un clima de seguridad jurídica necesario para la prosperidad del alquiler”, asegura Sánchez.
“Estamos viendo cómo la política de vivienda se supedita a intereses políticos y electorales y no al interés general de la sociedad y de los jóvenes y familias que no pueden acceder a una vivienda en España”, agrega.
