Delegación de Gobierno de Madrid afirma que las okupaciones en Madrid han caído a la mitad en 2024,
pasando de 2.500 casos en 2023 a 1.300 este año. Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, este dato es engañoso ya que no refleja la realidad de miles de propietarios, vecinos y familias atrapadas en un sistema ineficaz. Aseguran que la okupación no es solo un número de denuncias sino un problema social grave que sigue creciendo y afectando a cada vez más personas.
Según el CGPJ el tiempo medio de espera para dictar una sentencia de desahucio es de 24 meses. Y si los okupas alegan vulnerabilidad, el proceso puede alargarse hasta seis años por las prórrogas del decreto que deja la carga del problema en manos de los propietarios en lugar de las administraciones públicas. La lentitud de medidas eficientes por parte de la legislación, denuncian desde la plataforma, hace que los afectados busquen soluciones extrajudiciales más rápidas y efectivas como mediaciones y empresas de desokupación. Lo que también explica la caída de las denuncias en los dos últimos años.
La inquiokupación no aparece en los registros oficiales
Cada vez más okupas entran con contrato de alquiler, dejan de pagar y se aprovechan de la ley para quedarse indefinidamente. Este tipo de okupación no aparece en las cifras oficiales, pero es ya la más habitual en España.
«Delegación de Gobierno no cuenta a los miles de personas obligadas a convivir con mafias que controlan edificios enteros. Por utilizar un ejemplo conocido por todos, en la macrookupación de Carabanchel ha habido más de 220 vecinos legales sufriendo las consecuencias de una mafia okupa».
Las cifras oficiales están desfasadas ya que, como denuncian, la justicia tarda dos años en dictar una sentencia. Luego sus datos solo recogen denuncias recientes, frente a miles de okupaciones aún pendientes de resolución.
El problema sigue creciendo
Desde la plataforma de afectados insisten en que las cifras que ofrece Delegación de Gobierno no reflejan el drama real, a pesar de conocer los casos de primera mano tras haberse reunido con los vecinos afectados de Carabanchel, el Embalse del Vellón, Torrejón y otras comunidades afectadas.
«Mientras se sigue sesgando el problema recurriendo a cifras exclusivamente policiales, las administraciones siguen sin ofrecer soluciones y el problema solo se agrava».
Los afectados por la okupación e inquiokupación solicitan un análisis social del problema intentando no parcializar datos e invisibilizar a los miles de afectados, que se manifiestan cansados de que se les invisibilice y trate como un problema menor.
