Los datos oficiales están lejos de reflejar la situación real, por más que algunos se empeñen en decir lo contrario. Según cifras oficiales, hay algo más de 15 mil denuncias relacionadas con la okupación, pero solo la Plataforma de Afectados representa a 80.000 personas. Les han llamado bulo y asusta viejas y hay quien asegura que este es un problema menor, pero las encuestas demuestran que cada vez preocupa más a los propietarios. Hablamos con Carmelo Sevilla, portavoz de la PAO, la Plataforma de Afectados por la Okupación.
Escucha en nuestro podcast la entrevista completa pulsando aquí.
- ¿Qué es la Plataforma de Afectados por la Okupación? ¿Quién la compone?
La Plataforma de Afectados por la Ocupación somos un colectivo de afectados por ocupación e inquiokupación. Somos apolíticos y lo que tratamos es de ayudarnos entre nosotros, algo que no conseguimos de las administraciones. Entre nosotros aportamos cada uno nuestro granito de arena para hacer más fácil la lucha contra esta lacra que nos está haciendo mucho daño a los afectados.
- ¿Cuándo nace la plataforma y qué lo motiva?
Pues esto nació mediados del año 2021. Lo motiva el incremento exponencial que hubo de paralizaciones de desahucio y afectados por okupaciones. Las paralizaciones de desahucio por vulnerabilidades un tanto laxas y las ocupaciones, pues lo que estamos viendo, que todavía permanece en el horizonte del mercado español. Cada día surge algún caso, no ya de pequeñas ocupaciones, sino de macro ocupaciones, como ha pasado en Carabanchel, en Yeseros, en Madrid y ahí estamos aglutinados todos intentando demostrar, visibilizar el problema en los medios de comunicación y luego en reuniones con todas las instituciones que nos reciben, que son bastantes.
- Me imagino que habrá escuchado muchas veces eso de que la ocupación prácticamente no existe, que afecta a un porcentaje muy pequeño de viviendas ¿Qué respuesta le dan a esta valoración?
Bueno, lo percibimos directamente de la Tribuna de Oradores del Congreso de los Diputados, que el señor Presidente del Gobierno dijo que éramos un bulo y bueno, pues se lo estaba recriminando a los de la oposición, cuando realmente pues el problema lo han generado ellos. Nosotros participamos recientemente en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la comisión de vivienda, y allí mismo incluso el grupo socialista nos siguió diciendo que éramos un bulo y asusta viejas y al final conseguimos demostrarle que no era así y presentó sus excusas.
Pero lejos de ser un bulo y ser asusta viejas, somos un colectivo de alrededor de 80.000 ciudadanos que estamos sufriendo la okupación y la inquiokupación debido a la situación de desprotección legal que hace que tengamos esta lacra permanente. Un problema que no somos capaces de asumir porque somos pequeños propietarios y pensionistas los que estamos sufriendo este problema.
- 80.000 personas, dice. Pero se registraron, según datos del Ministerio Interior, en 2023, 15.289 denuncias relacionadas con la ocupación…
El número me lo sé de memoria. Pero es que ahí no está incluido, en primer lugar, las inquiokupaciones, que son un procedimiento civil que el CGPJ no incluye en estas estadísticas. Y además hay otra parte muy importante que son personas que resuelven su problema por vía extrajudicial. Me estoy refiriendo claramente a personas que contratan empresas especializadas en resolver el problema por la vía expeditiva o por negociación. Pagando para que puedan recuperar la vivienda.
- ¿Les sorprende que haya propietarios con viviendas vacías que no quieren sacar su vivienda al mercado?
No es nada sorprendente. Cuando alguien percibe permanentemente la inseguridad jurídica que hay ahora mismo en el ámbito de la vivienda tiende a la autoprotección. Por vía, no ponerla en el mercado o por la vía de pedir unos avales extraordinarios para protegerse. Por lo que, al final, los que pagan las consecuencias son personas que no pueden conseguir una vivienda.
- ¿Cómo les ha sentado a los afectados por la ocupación la aprobación de la extensión del Real Decreto Antidesahucios?
Tuvimos un subidón importante el día 22 cuando se derogó el decreto y cuando se volvieron a promulgar hubo una decepción absoluta porque es una losa. Otro año más que queda todo paralizado y a los procedimientos no se les puede dar curso.
Defraudaron cuando volvieron a emitir un Real Decreto Ómnibus junto a otras medidas necesarias, como las pensiones, con prorrogar la paralización de desahucios. Hay que tener en cuenta que las personas vulnerables tienen derecho y la sociedad debe ayudarles. Pero no con los recursos de pequeños propietarios que estamos haciendo de escudo social, cuando es la administración la que tiene el deber de hacerlo.
- ¿Se sienten desamparados?
Respecto de las administraciones, ninguna de las cuatro implicadas actúa con seriedad. Y con los políticos, evidentemente su prioridad no es proteger a los pequeños propietarios y pensionistas en materia de vivienda, sino que el que más aprieta y más poder de convocatoria tiene es al final el que se beneficia. A costa del grave perjuicio de ciudadanos que hemos conseguido una segunda o tercera vivienda a costa de sacrificio y trabajo.
- ¿Qué perdidas puede suponer esta situación para un particular, según su experiencia, y durante cuánto tiempo puede alargarse el proceso legal?
Concretamente en mi caso, llevo cinco años de procedimiento judicial, siete paralizaciones de desahucio, una deuda de renta de 68.000 euros y un impago de suministros de 3.500 euros. Pero hay algunos casos en los que no solo es por el coste económico, sino que ahora necesitan esa vivienda para vivir en ella porque su situación ha cambiado. En su día la pusieron en alquiler, cuando no la necesitaban, pero ahora la necesitan como vivienda para ellos.
Y tampoco hay posibilidad de desahucio cuando los declaran vulnerables, con la facilidad que te declaran vulnerable hoy en día los Servicios Sociales. Pueden hacerlo sencillamente con una declaración firmada por la persona vulnerable y aportando una mínima documentación. Porque los Servicios Sociales no tienen potestad para investigar cuentas ni hacer requerimientos de documentos que otras administraciones podrían hacer. Y eso hace un daño increíble al pequeño propietario.
- Hablamos de la vulnerabilidad del inquilino, que puede ser una persona vulnerable, pero no se valora al mismo tiempo la situación del propietario.
No, el propietario nunca va a ser vulnerable porque una persona que tiene una vivienda en propiedad es imposible que le vayan a declarar vulnerable. Tiene un bien y eso ya hace que no sea vulnerable. Mientras que, por la otra parte, con una declaración jurada… Cuando una persona incumple así, sus escritos deberían tener un valor “dudoso” y los Servicios Sociales se amparan en que tengan un menor, que no tengan ciertos recursos…
Yo, por ejemplo, mantengo a 7 personas en mi casa. 5 de ellas, en edad laboral. Y yo he recurrido al juez y no hay opción siempre que haya un vulnerable. Para el juez es certificado de que no va haber desahucio.
- ¿Qué es lo primero que debe hacer el propietario ante un caso de impago y cuándo reaccionar? Es decir, desde su experiencia, ¿recomiendan actuar ante el primer impago o esperar a ver si ha sido algo puntual?
Yo creo que deben actuar de inmediato porque es peor cuanto más se demora. Yo, en mi caso, tuve un periodo de negociación previo que ojalá no lo hubiera tenido porque se hubiera resuelto antes de la pandemia. Pero por tratar de hacer una negociación y creer en falsas promesas… Desde el primer momento hay que actuar porque cuanto más se demore todo mayor será la deuda. Además, van buscando retrasar los procedimientos judiciales, pedir la justicia gratuita al límite, pedir la declaración de vulnerabilidad cuando ya hay un requerimiento de desahucio…
Luego habrá ciudadanos que paguen las consecuencias de toda esta situación.
- ¿Tiene esperanza de recuperar parte de todo lo perdido de esa deuda y, por supuesto, la vivienda?
La vivienda sé que la voy a recuperar porque es mía, está en el registro de la propiedad, eso no me lo pueden quitar. La cuestión es cuánto tiempo puede transcurrir. El mayor problema es el quebranto emocional. Son años y años y siempre lo mismo, no ves el final del túnel.
Evidentemente el tema económico también es importante. Y al final habrá una compensación, pero son tardías. Según los datos que manejamos, se ha abonado el 7% de las compensaciones que se ha solicitado porque las administraciones son muy lentas, solicitan mucha información, las personas no la entienden porque es todo muy farragoso. Se podrá cobrar, pero a costa de mucho sufrimiento.
Escucha aquí el programa completo.
