La digitalización del sector inmobiliario y jurídico en España ha sido uno de los grandes anuncios institucionales de los últimos años, con promesas de agilidad, transparencia y reducción de cargas burocráticas. Sin embargo, en la práctica, el avance de estos procesos sigue siendo desigual y, en muchos casos, inaccesible para el ciudadano medio. Así lo advierte Tecnotramit, una de las principales compañías de España y Portugal en gestión documental y legal vinculada a operaciones inmobiliarias e hipotecarias.
La compañía advierte que, a pesar de las iniciativas legislativas para impulsar la firma electrónica, el uso de plataformas digitales y la interconexión entre notarios, registros y catastro, lo cierto es que “la experiencia de usuario sigue siendo, en muchos casos, la misma que hace diez años”. Constatan que muchos trámites aún exigen presencialidady existen, plazos largos, duplicidad de documentación y escasa coordinación entre organismos públicos.
“El problema no es solo técnico, sino también jurídico y cultural. El marco legal permite avances, pero su implantación efectiva depende de la voluntad de las administraciones y del grado de adaptación de los profesionales implicados”, subrayan desde Tecnotramit. A ello se suma la brecha digital que afecta especialmente a mayores, extranjeros o personas sin conocimientos tecnológicos, que ven cómo la digitalización se convierte en una nueva barrera en vez de en una ventaja que agilice el proceso.
La compañía recuerda que la “Ley 11/2023: Digitalización de actuaciones notariales y registrales y otros contenidos”, permitió avances como la firma por videoconferencia o la tramitación electrónica de poderes, pero su implementación no ha sido homogénea. “Muchos notarios siguen siendo reticentes o no disponen de medios suficientes, y el ciudadano no tiene claro cuándo puede exigir un trámite online y cuándo no”, añaden.
Desde Tecnotramit se insiste en que la digitalización debe ir acompañada de garantías, usabilidad y formación. “No basta con tener herramientas si no están al servicio de todos los ciudadanos por igual. Hay que evitar que la digitalización se convierta en una nueva fuente de desigualdad en el acceso a derechos básicos como comprar una vivienda o firmar una hipoteca”, subrayan desde la organización.
