La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) ha expresado su preocupación ante el impacto que puede generar la implementación del nuevo sistema de la Ventanilla Única Digital (VUD) y del Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico (REAV) que a efectos operativos entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Desde FEVITUR han anticipado algunos efectos lesivos y desproporcionados para el sector y para la economía española en su conjunto. La federación prevé que la salida del mercado del 70% de la oferta actual de viviendas de uso turístico legalmente inscrita en el Registro de Turismo Autonómico correspondiente deje a miles de españoles sin vacaciones ya que desaparecerán automáticamente los alojamientos de las plataformas de comercialización. “Las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones es probable que se queden sin su alojamiento ya que gran parte de la oferta legal no está pudiendo ser inscrita en el sistema de la Ventanilla Única Digital (VUD) y va a desaparecer de las plataformas”, explica su presidenta Silvia Blasco.
También, reitera que esto generará un aumento de la economía sumergida y el repunte de más viviendas ilegales. Esto provocará unas pérdidas estimadas de 8.570 millones de euros para la economía española en los meses de julio, agosto y septiembre; y de 5.167 millones de euros más en octubre, noviembre y diciembre. Por otro lado, insisten en que se trata de un nuevo sistema que invade las competencias de turismo que están delegadas en las comunidades autónomas.
Desde FEVITUR denuncian además la preocupante arbitrariedad y falta de uniformidad con la que distintos registros de la propiedad están aplicando los criterios para la inscripción de viviendas de uso turístico ya debidamente registradas en los autonómicos. Señalan que no existe un protocolo homogéneo y se están dando situaciones dispares en cada territorio, llegando incluso a exigir trámites suplementarios o negando inscripciones sin justificación suficiente. Esta falta de criterios claros y uniformes no sólo supone una vulneración del principio de seguridad jurídica, sino que deja en indefensión a miles de propietarios y operadores que cumplen estrictamente con las normativas autonómicas. No puede depender del criterio individual de un registro local la validez de licencias concedidas y reconocidas por las administraciones autonómicas, generando una situación de caos, desigualdad y desconfianza en el sistema.
Silvia Blasco ha manifestado que “existe una interpretación arbitraria por parte de los registradores que está excluyendo de la comercialización legal a numerosos titulares, pese a estar inscritos debidamente en el Registro de Turismo Autonómico. No puede ser que el futuro de miles de alojamientos y la planificación vacacional de miles de familias dependan de la interpretación subjetiva de cada registro, generando inseguridad y un trato desigual en todo el territorio nacional”.
Además, ha señalado que “las comunidades autónomas ya disponen de sus propios registros turísticos y han desarrollado normativas ajustadas a la realidad de sus territorios. El nuevo registro estatal, lejos de complementar estas herramientas y mejorar los procesos actuales, se percibe como un instrumento centralizador que duplica estructuras ya existentes y añade complejidad innecesaria al sistema”.
FEVITUR lamenta que este nuevo marco se haya impulsado sin un diálogo suficiente con el sector y las comunidades autónomas, obviando el conocimiento y experiencia acumulada por las asociaciones y operadores que participan activamente en la ordenación y profesionalización del alquiler turístico en España. Un proceso de esta magnitud requería una mayor coordinación interadministrativa, así como la participación real de los agentes implicados en un diálogo abierto y constructivo para evitar disfunciones que hoy resultan evidentes.
“No nos oponemos a una regulación que mejore la transparencia y la trazabilidad de la actividad, pero creemos firmemente que este objetivo puede alcanzarse sin imponer cargas innecesarias, sin duplicar procedimientos y sin alterar el equilibrio competencial que establece nuestra Constitución. Apostamos por una plataforma que sea verdaderamente interoperable con los registros autonómicos existentes, que elimine barreras de entrada y que no penalice la actividad legítima de miles de ciudadanos” ha concluido Blasco.
