La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) advierte de la grave invasión competencial que supone la actuación del Gobierno central en el control de la actividad turística, en este caso con el registro de la ventanilla única, una materia que compete exclusivamente a las comunidades autónomas.
FEVITUR recuerda que el Estado no puede revocar títulos habilitantes autonómicos, ni transformar un censo voluntario como el Registro de la Propiedad en un registro obligatorio para viviendas turísticas. “El Gobierno está excediendo sus competencias y utilizando a los Registradores, cuyo marco de actuación es la Ley Hipotecaria y no la gestión de la actividad turística, en un intento de control fuera de lugar y de fundamento legal”, señala Silvia Blasco, presidenta de FEVITUR.
La federación denuncia que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trasladando a la opinión pública una confusión entre irregularidad administrativa e ilegalidad, criminalizando a miles de familias y pymes sin resolución firme y sin el procedimiento garantista que exige la ley. “Una solicitud incompleta o una revocación administrativa no significa que exista una actividad ilegal”, recalca Blasco.
FEVITUR incide también en que dejar de anunciar una vivienda en determinadas plataformas online no implica necesariamente que el inmueble pase al alquiler residencial ni que sea excluido del mercado turístico. Muchas viviendas de uso turístico pueden seguir operando a través de otros canales o plataformas, siempre que cumplan la normativa autonómica. “El relato de que la salida de ciertas viviendas de las plataformas implica su conversión automática al alquiler residencial es manifiestamente falso”, puntualiza la federación.
Asimismo, FEVITUR advierte sobre la peligrosidad del mensaje institucional de “incorporar viviendas al mercado residencial” mediante procedimientos discutibles. Revocar licencias autonómicas para forzar un cambio de uso “roza la expropiación encubierta sin indemnización”, apunta la portavoz, quien considera que el discurso de la función social de la vivienda se emplea como justificación a la ausencia de resultados en política de vivienda pública.
La federación concluye que la campaña del Gobierno contribuye a la securitización política del debate y convierte a las viviendas turísticas en un chivo expiatorio ante la falta de avances significativos en el acceso a la vivienda asequible. Los alojamientos turísticos legalmente inscritos en los registros autonómicos continuarán operando, aunque puedan dejar de anunciarse en ciertas plataformas, y seguirán cumpliendo la normativa vigente.
