El 40% de los propietarios de una segunda vivienda afirma no haberse planteado nunca ponerla en alquiler, mientras que un 27% declara que ha decidido no hacerlo, principalmente por la creciente inseguridad jurídica percibida ante los riesgos legales asociados a su gestión, así como a la incertidumbre generada por los continuos cambios normativos. Solo un 15% dice estar valorando de forma activa sacarla al mercado.
Dicha sensación de inseguridad jurídica sitúa como principales motivos para no alquilar la vivienda: la dificultad para reclamar posibles impagos de renta (52%), preferir conservarla para uso personal o familiar en el futuro (50%), el temor a que sea dañada o mal cuidada (32%), o la percepción de escasa rentabilidad económica (17%).
Son datos extraídos del Informe “Entre leyes y llaves: desafíos legales del propietario en el mercado del alquiler”, realizado por onLygal, la compañía especializada en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales.
Ante esta realidad, el 67% de los propietarios señala que disponer de apoyo legal es la fórmula que le da seguridad a la hora de alquilar su vivienda.
Gestión del alquiler y percepción del respaldo legal
Entre los propietarios que sí deciden poner su vivienda en alquiler, destacan las siguientes motivaciones: evitar el riesgo de ocupación de la vivienda vacía (42%), no necesitarla para uso personal o familiar (34%), obtener una rentabilidad económica (25%), prevenir su deterioro por falta de uso (17%), o aprovechar ventajas fiscales o legales (14%).
Ahora bien, a la hora de decidirse por la opción de alquilar su vivienda, los propietarios consideran importante sentirse respaldados por una aseguradora confiable ante posibles conflictos con inquilinos o reclamaciones por impagos (21%), contar con el asesoramiento legal y la simplificación del proceso (19%), o poder delegar la gestión del alquiler en una agencia o profesional (11%).
Todos ellos, factores que contribuyen a neutralizar la percepción de inseguridad jurídica que siente el 61% de los propietarios ante los continuos cambios legislativos.
Frecuencia y usos del asesoramiento legal
El 63% de las personas consultadas coinciden en afirmar que un buen asesoramiento legal facilita la gestión del alquiler. A su vez, casi el 70% de las personas consultadas coincide en afirmar que disponer de apoyo legal les da seguridad y facilita la gestión del alquiler de su vivienda.
En este contexto, el 36% de los propietarios afirma recurrir a gestores, asesores fiscales o abogados para informarse sobre novedades legislativas en torno al alquiler o la gestión de la vivienda. Les siguen las páginas web oficiales (30%), las inmobiliarias o administradores de fincas (28%), medios digitales especializados (26%), la prensa generalista (22%) y las recomendaciones de familiares o conocidos (22%).
De hecho, el 26% afirma haber recurrido en los últimos tres años a asesoramiento legal o administrativo para la gestión de su vivienda, y otro 6% no lo ha contratado, pero se lo plantea a futuro.
Entre las necesidades legales asociadas al alquiler y que han llevado a los propietarios a contratar asesoramiento profesional, destacan la revisión o redacción de contratos (43%), resolver dudas fiscales (40%), legales (39%) o de actualización de rentas (28%). Seguidas de apoyo para reclamaciones de impagos o daños (23%), protección de la propiedad (19%) y resolución de conflictos con inquilinos (18%) o con vecinos (13%).
“Un correcto acompañamiento jurídico no solo garantiza el cumplimiento de una normativa cada vez más cambiante, sino que también permite optimizar la gestión del activo, minimizar contingencias legales y asegurar la sostenibilidad de la inversión a largo plazo”, concluye Badillo.
