La crisis del alquiler en España no solo se explica por la falta de vivienda disponible o el aumento de la demanda. Cada vez más voces del sector coinciden en señalar otro elemento que actúa como “tapón” de la oferta: la inseguridad jurídica percibida por los propietarios, que empuja a muchos a retirar inmuebles del alquiler convencional o a optar por fórmulas alternativas (temporal, turístico o, directamente, mantener la vivienda vacía).
Este fenómeno, que ya venía afectando al mercado principal del alquiler, empieza además a extenderse a un terreno hasta ahora menos afectado: la segunda vivienda.
La segunda residencia también se retrae: “mejor no alquilar”
Un artículo reciente publicado por Viviendadeprisa recoge datos reveladores extraídos del Informe “Entre leyes y llaves: desafíos legales del propietario en el mercado del alquiler”, realizado por onLygal: el 40% de los propietarios de una segunda vivienda asegura no haberse planteado nunca alquilarla, y un 27% afirma haber decidido no hacerlo, principalmente por la inseguridad jurídica y la incertidumbre derivada de cambios normativos. Solo un 15% se plantea activamente sacarla al mercado.
Entre los motivos más citados aparecen la dificultad para reclamar impagos (52%), el temor a daños (32%) o la percepción de baja rentabilidad (17%). El estudio refuerza una idea clave: para muchos propietarios, la decisión de alquilar depende de sentirse respaldados: el 67% señala que contar con apoyo legal le daría seguridad para arrendar.
El cuello de botella judicial: desahucios lentos y oferta en retirada
La inseguridad percibida no se limita al miedo a impagos. También se alimenta de la sensación de que, si surge un conflicto, la solución llega tarde. En ese contexto, la OESA ha solicitado la creación de juzgados especializados en vivienda para reducir tiempos y evitar el colapso. Según la entidad, los procesos de desahucio están en medias de 15 a 18 meses y podrían alargarse hasta dos años, lo que, a su juicio, acabaría reduciendo la oferta “hasta un 20%”.
Su presidente, Javier Íscar de Hoyos, defiende que un tratamiento judicial especializado y ágil es coherente con la relevancia social del problema, ayudaría a reducir el sentimiento de inseguridad jurídica en el alquiler.
“Desplazamiento” del alquiler tradicional a otras fórmulas
La percepción de riesgo también se refleja en estudios de mercado. En un análisis de Fotocasa Research de 2025, la directora de Estudios y portavoz, María Matos, señalaba que las medidas de la Ley de Vivienda habían incrementado la inseguridad jurídica y empujado a parte de la oferta hacia otras modalidades: “…ha habido un evidente desplazamiento hacia otras modalidades de arrendamiento, como el alquiler temporal… y el turístico…”, describe el informe.
Este movimiento contribuye a tensar aún más el mercado, en un contexto donde la demanda sigue creciendo y la oferta se reduce. El Observatorio del Alquiler (Fundación Alquiler Seguro + URJC) apunta a una pérdida de 33.418 viviendas en un año, mientras la presión se dispara: de media, 135 interesados por vivienda en los primeros 10 días.
Inseguridad, oferta y precios: un círculo que se retroalimenta
A medida que la vivienda sale del alquiler convencional, el mercado se estrecha. Y cuando se estrecha, suben los precios. El problema es que esa escalada no siempre se frena por mejora de la oferta, sino por agotamiento de la capacidad de pago de los inquilinos.
A este clima se suman estudios como el difundido a partir de un informe de Spotahome, según el cual una parte relevante de propietarios dejaría de alquilar si se redujera la seguridad jurídica, y la mayoría considera que aumentaría la oferta si existieran mayores garantías.
Un debate incómodo, pero central
Con el foco mediático y político a menudo concentrado en los precios o en las viviendas turísticas, el sector insiste en que el alquiler convencional necesita un marco que combine protección al inquilino con garantías reales para el propietario, especialmente en escenarios de impago, ocupación o largos plazos judiciales.
La consecuencia, advierten diferentes análisis, es un mercado cada vez más rígido: menos oferta, más competencia por cada piso disponible y una tensión que se está extendiendo —como ya se observa— incluso a segmentos como la segunda vivienda.
