El número de viviendas turísticas comercializadas en plataformas se situó en noviembre de 2025 en 329.764, según la estadística experimental sobre viviendas turísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la mayor caída interanual de la serie histórica, con una reducción del 12,4% de la oferta con respecto a los datos publicados en noviembre de 2024. De esta forma, la estadística que registra la oferta de viviendas turísticas en España alcanza el nivel más bajo de los últimos tres años.
Según traslada el ministerio de Vivienda en nota de prensa, estos datos reflejan los resultados de las medidas impulsadas por el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez a través del despliegue del Registro Único de Arrendamientos y la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que empodera a los vecinos para poder vetar este tipo de viviendas.
El pasado jueves en Aranjuez, la ministra Isabel Rodríguez instó a las comunidades autónomas y municipios a “clausurar pisos turísticos ilegales. Si tenemos esas casas y están actuando de forma ilegal, yo digo trabajemos primero para cerrarlas y después para orientar a que esas viviendas se conviertan en alquiler residencial y no en un negocio”.
Las medidas de Vivienda aplicadas entre mayo y noviembre, el período que registra la estadística y en el que entra en vigor la obligatoriedad de inscribirse en el registro estatal, muestran que la reducción de la oferta en plataformas fue de 52.000 unidades.
De este modo, incide la nota de prensa, se evidencia que el Registro Único de Arrendamientos y la reforma de la LPH es una vía que preserva la función social de la vivienda y combate la ilegalidad con la que opera actualmente un gran número de alojamientos con estas características, provocando una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad en los mismos.
El Ministerio de Vivienda, aseguran, continúa trabajando para garantizar que el mayor número de viviendas disponibles se destinen al alquiler residencial a precios asequibles. Entre ellas, las diferentes ayudas e instrumentos que contiene el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 o en un próximo Real Decreto-ley que incluirá medidas regulatorias y fiscales de estos mercados del alquiler temporal.
