El Gobierno ha aprobado este viernes dos reales decretos-ley diferenciados para hacer frente al impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio, en una decisión marcada por las tensiones internas de la coalición entre el PSOE y Sumar. Por un lado, el Ejecutivo ha dado luz verde al grueso de medidas fiscales, como la rebaja del IVA de los combustibles o el refuerzo del escudo social, mientras que ha separado en un segundo texto la congelación de los alquileres durante dos años, una exigencia de Sumar que ha llegado tras horas de negociación y un retraso en el Consejo de Ministros extraordinario.
La fragmentación del paquete responde, en parte, a la incertidumbre parlamentaria que rodea a las medidas en materia de vivienda. Ambas normas deberán ser convalidadas en el Congreso en un plazo de 30 días, en un contexto en el que iniciativas similares ya han sido rechazadas por la falta de apoyos, especialmente por la posición de Junts. Mientras tanto, el decreto de vivienda entrará en vigor de forma inmediata tras su publicación en el BOE.
En este escenario, Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario, considera que la decisión del Ejecutivo responde a un cálculo político. “Está claro que lo hacen en dos decretos porque saben que el que incluye vivienda no saldrá adelante en el Congreso”, afirma. A su juicio, esta fórmula permite al Gobierno “salvar el paquete económico y, al mismo tiempo, trasladar que ha intentado impulsar medidas en alquiler, aunque no prosperen”.
Unsain interpreta además la iniciativa como parte de una estrategia de posicionamiento. “Es un movimiento con un claro componente electoral”, señala, en referencia a una medida de alto impacto social pero con un recorrido incierto en la Cámara baja. Todo ello se produce en un contexto de creciente presión económica derivada del conflicto en Oriente Medio, que ha obligado al Ejecutivo a priorizar una respuesta urgente mientras mantiene abierto el debate sobre la intervención en el mercado de la vivienda.
