El 28 de abril de 2026, el Congreso de los Diputados rechazó la convalidación del real decreto ley de vivienda impulsado por el Gobierno, al no obtener los apoyos parlamentarios necesarios. La votación vuelve a poner de manifiesto la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante medidas en materia de arrendamiento y evidencia la profunda división política en torno a una de las problemáticas más urgentes para los ciudadanos. Sobre ello se pronuncia Arantxa Goenaga Llorca, abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis.
«El problema que genera es grave. No solo por la inseguridad jurídica que provoca que haya normativa aprobada sabiendo que no tendrá una vigencia duradera, dado que lo aprobaron sin tener todos los apoyos. También por su propio contenido. Es una normativa sin una técnica jurídica correcta, lo que da lugar a muchas interpretaciones y, por tanto, a conflicto entre las partes y litigiosidad.
Es evidente que el mercado inmobiliario está tensionado. Los propietarios tienen miedo de alquilar porque la normativa cada vez es más restrictiva para ellos. Se les imponen más obligaciones y se les considera especuladores, cuando un gran porcentaje no lo es. Alquilan simplemente para completar sus ingresos.
El efecto de esta nefasta normativa es lógico: cada vez hay menos viviendas en alquiler y el mercado se tensa aún más.
Hasta que el Gobierno no entienda el mercado, no consulte con expertos y se deje de demagogias, seguiremos con este grave problema. De hecho, cada vez será mayor.
Deben dejar de buscar juegos políticos y apostar por un mercado equilibrado para todas las partes, en el que no se impongan derechos unilateralmente. Solo así se podrá restaurarlo.
Al Gobierno y a sus socios les dejaría un mensaje claro: busquemos soluciones y dejemos de generar más problemas.»