El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, «un paso importante» para solucionar las dificultades en el acceso a la vivienda y asentar este derecho «frente a cualquier otra concepción de las viviendas», según ha manifestado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.
El plan, ha añadido, refleja la «dos ambiciones» del Ejecutivo en esta materia: la construcción de vivienda pública asequible y protegida de manera permanente y la lucha contra la especulación para proteger el carácter social de la vivienda. Isabel Rodríguez ha destacado, asimismo, que este instrumento se suma a otros creados tras la Ley de Vivienda, como la nueva empresa estatal Casa47, y al refuerzo presupuestario de los últimos años.
La ministra ha afirmado que el plan responde a la demanda social de un acuerdo que afronte de un modo estructural el principal problema de la ciudadanía, como ya expuso el pasado junio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes de las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de vivienda. «No valen parches y no hay una varita mágica», ha señalado Rodríguez. La titular de Vivienda ha subrayado el cambio de paradigma respecto al papel de la Administración General del Estado, que ya no va a limitarse a aportar la financiación sin poder influir en las políticas.
El plan, según ha apuntado la ministra, es fruto del diálogo y la colaboración: el ministerio ha mantenido más de 48 encuentros con las comunidades autónomas para conformar la redacción final del texto, que también incorpora buena parte de las 400 aportaciones realizadas por el sector. Además, es la primera vez que el Consejo de Estado estudia un plan estatal de vivienda, en su condición de reglamento que desarrolla la Ley de Vivienda; Rodríguez ha calificado su dictamen como «muy favorable», «con algunas aportaciones esenciales» que mejoran el plan y refuerzan la seguridad jurídica.
Aumento de la vivienda pública, la inversión y las ayudas
Isabel Rodríguez ha explicado que el plan se basa en una serie de objetivos evaluables que son «desafíos de país». El principal es ampliar el parque público de vivienda, pero también es fundamental mejorar el que ya existe en ámbitos como la eficiencia energética y la accesibilidad. El plan pretende, igualmente, rebajar la edad de emancipación de los jóvenes, reducir la tasa de esfuerzo de las familias en el alquiler y en la cuota hipotecaria, revertir la situación en las zonas más tensionadas y atender al mundo rural.
Los tres ejes de acción para alcanzar esos objetivos son construir más vivienda pública, rehabilitar y movilizar el parque actual e incrementar las ayudas para las personas con más dificultades para acceder a la vivienda.
El plan está dotado con 7.000 millones de euros, lo que supone triplicar la inversión inicial del anterior en las políticas de corresponsabilidad con las comunidades autónomas (el Gobierno aportará el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante). Esa financiación, ha subrayado la titular de Vivienda, está condicionada porque «es importante construir más, pero no de cualquier manera». El 40% de la inversión debe destinarse a ampliar la oferta del parque público, ya sea a través de la construcción o de la adquisición de nuevas viviendas para conformar ese parque de vivienda pública a precios asequibles. La rehabilitación supondrá el 30% de los fondos, y el mismo porcentaje se dedicará a las ayudas para las personas que lo precisen.
«Las comunidades autónomas tienen en sus estatutos encomendada la política exclusiva en materia de vivienda, nosotros lo que hacemos es inspirarla, dirigirla, potenciarla, en definitiva, dar la respuesta que precisa nuestro país», ha indicado Rodríguez.
Blindaje del parque público y control contra los fraudes
Entre las novedades del plan, la ministra de Vivienda ha remarcado la garantía del blindaje del parque público que se construya o adquiera con estos recursos de la Administración General del Estado. «La sociedad española no está dispuesta a que, de nuevo, con el dinero de todos se enriquezcan unos pocos, y otros se queden sin casas», ha sostenido.
Además, con el fin de extremar los controles, el plan incorpora una «cláusula antifraude» para asegurar que las viviendas de protección oficial beneficien a las personas que las necesitan. El plan blinda tanto los controles de los registros de demandantes de viviendas como la transparencia en la adjudicación de las mismas.
El plan también establece que las administraciones tendrán que compartir los datos en materia de vivienda e informar de ellos a la ciudadanía y los medios de comunicación. Además, el Consejo Asesor de Vivienda analizará de manera anual el cumplimiento efectivo del plan, lo que, a juicio de la ministra, facilitará que llegue a los lugares y los colectivos que más lo necesitan, «y no a lo que resulte más fácil desde el punto de la vista de la gestión o de la inquietud ideológica de cada uno de los gobiernos autonómicos».
Ayudas para construcción, la rehabilitación y el acceso a la vivienda
Isabel Rodríguez ha detallado que el plan incrementa de manera notable las ayudas para promover la construcción del parque público de vivienda, incorporando elementos como las técnicas de industrialización y la atención de las zonas tensionadas. También crecen las ayudas para la rehabilitación, un ámbito al que se incorpora la conservación del valor patrimonial de viviendas que, de otro modo, terminarían siendo abandonadas.
La ministra ha destacado las ayudas dirigidas a los jóvenes, de hasta 300 euros en el caso del alquiler y de hasta 15.000 euros para los jóvenes que construyan o adquieran su primera vivienda en una zona rural con un máximo de 20.000 habitantes.
Respecto al calendario del plan, Isabel Rodríguez ha explicado que la próxima semana comenzarán las reuniones técnicas para su implementación en el territorio. El Gobierno ha articulado la disposición presupuestaria para que el plan pueda estar desplegándose en el segundo semestre de este año, con la asunción por parte de la Administración General del Estado de todo el esfuerzo en esta anualidad para facilitar su puesta en marcha. «El Gobierno de España cumplen con este plan, y yo espero también el compromiso y la lealtad del resto de las administraciones», ha concluido.
