El director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín Ramiro, ha reconocido que limitar los precios de los alquileres en las zonas más tensionadas es «un fracaso de la Administración» y «no es la única solución ni la ideal», aunque ha afirmado que este modelo es compatible con una rentabilidad razonable.
Así lo ha señalado durante su intervención en el encuentro informativo ‘Las cooperativas como elemento dinamizador del acceso a la vivienda’, organizado por ‘Lamadredelascooperativas’ (Lacoop), en colaboración con Europa Press.
Ramiro ha dejado claro que el índice no deja de ser una herramienta para que la implementen quienes sean competentes (administraciones regionales y locales) si así lo desean, tal y como ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
«Cuando alguien se ve obligado a hacer una regulación de alquileres es que ha tenido que poner todos sus recursos al alcance para solventar un problema que existe; que le cuenten a cualquier joven en Madrid, Barcelona, Canarias, Sevilla o Málaga que no hay que hacer nada más que promover una oferta que estará en el mercado en cuatro o seis años», ha explicado Ramiro.
Por ello, cree que aunque no sea «la única solución ni la ideal», hay que dar herramientas para que las administraciones competentes «sean capaces de utilizarlas en la medida en que consideren», algo que cree que es responsabilidad de estas administraciones.
También ha afirmado que se debe trabajar en todas las medidas para solventar los problemas del mercado del alquiler. «La regulación de los alquileres no tiene por qué estar reñida con la obtención de una rentabilidad», ha resaltado.
Desde su punto de vista, hay que estimular otras vías, entre las que se encuentran impulsar un marco fiscal más eficaz o favorecer unos modelos de actividad que, efectivamente, estimulen al sector a que entre en un negocio en el que no está. En este punto, ha dejado claro que la Administración y el Estado no tienen intención de ganar dinero con este modelo.
«Lo que estamos planteando es que con suelos urbanizados y modelos económicos en los que no podemos fracasar y en los que el gestor que quiera entrar a este modelo de negocio vea que tiene seguridad jurídica y que el escenario es favorable para poder obtener rentabilidades razonables y no especulativas», ha apostillado.
MENSAJE DE TRANQUILIDAD
También ha afirmado que en los modelos de regulación de precios lo que se tiene es una referencia a un precio de mercado y ha mandando un mensaje de tranquilidad, ya que asegura que los agentes que quieran entrar en el mercado y tener un beneficio sostenido en el tiempo «no van a encontrar ninguna pega en este modelo».
Por otro lado, ha señalado que si una comunidad autónoma tiene que poner una regulación de precios será porque el resto de la batería de medidas en esta materia «habrán fracasado».
«Si perdemos mucho tiempo en discutir sobre un modelo que todavía no sabemos muy bien en qué consiste y no nos ponemos a hablar de cómo solucionar los problemas demoledores para el sector, que no solo afectan al sector inmobiliario, sino a la sociedad, creo que nos iremos por los cerros de Úbeda», ha apuntado.
Ramiro ha asegurado que el Ejecutivo quiere establecer modelos y generar herramientas desde un punto de vista técnico para solventar problemas que tienen tanto impacto en la sociedad, como el de los alquileres.
«Todos los modelos de negocio tienen que ser permitidos y estimulados, pero, evidentemente, tiene que estar equilibrado con el derecho de la población a acceder a una vivienda«, ha añadido, tras resaltar que se debe usar el urbanismo en pro de la sociedad y se ponga al ciudadano en el centro.
MADRID NO APLICARÁ EL ÍNDICE DE PRECIOS
Sobre esta cuestión, el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, José María García, ha asegurado que entiende la existencia de índices y estadísticas de uso común del mercado del alquiler, pero que lo que jamás hará la Comunidad es aplicar ninguna limitación de precios, porque «va a provocar el efecto contrario» y habrá una reducción de la oferta, como se vio en Berlín.
«Cuando uno interviene el mercado y no permite que se mueva razonablemente, se provocan ineficiencias e incrementos del precio», ha apuntado, tras afirmar que «se está volviendo al modelo franquista de arrendamiento».
Para García, este tipo de enfoque provoca distorsión del mercado. De hecho, considera que lo que hay que promover es la generación de seguridad jurídica, de garantías suficientes o de medidas que permitan el retorno del dinero cuando se deje de pagar por un alquiler.
También ha hecho hincapié en que hay que dar una oferta a la demanda de la gente que viene desde todas partes a trabajar a la Comunidad de Madrid. No obstante, cree que no se puede excluir a ningún sector y que se tiene que velar por el alquiler, pero también por la compraventa. «Hay que dar medidas de ahorro latente y generar seguridad jurídica y un parque suficiente», ha apuntado.
