El Consejo General de Economistas ha defendido impulsar una «revisión global» de los tributos ligados a la construcción de vivienda y, sobre todo, derogar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, al que ha tachado de obsoleto.
Así lo ha sostenido este lunes en la presentación del Manual práctico de fiscalidad de la propiedad inmobiliaria, editado por la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, en la que han participado su presidente, Valentí Pich, y el decano del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Anton Gasol.
Pich ha indicado que la fiscalidad inmobiliaria grava desde la adquisición del suelo hasta la transmisión de la vivienda, incluyendo su construcción, y ha considerado que es «excesiva y provoca un encarecimiento final» de su coste.
«No es razonable que en el siglo XXI se siga pagando, cada vez que se va al notario, el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, tributo que se paga hasta en siete ocasiones en un mismo proceso productivo», ha censurado Pich.
Pich ha advertido de que «actualmente existe una sobreimposición en relación a los inmuebles, que hace que un mismo bien sea objeto de gravamen por varios tributos, como es el impuesto sobre la Renta, el Patrimonio o Bienes Inmuebles, y solo por el hecho de tenerlo en propiedad».
«Cuando se transmiten los inmuebles se grava de nuevo con diferentes figuras impositivas, que son objeto de recaudación por las diferentes administraciones públicas, tributos estos que, en algunas ocasiones, se han puesto incluso en entredicho desde hace tiempo, como es el caso del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana», ha valorado.
La presentación del manual también ha contado con sus autores, los economistas Carolina Mateo y Jaume Menéndez; el presidente de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Joan Ràfols, y el miembro del grupo de trabajo de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Consejo General de Economistas, Miquel Morell.
MANUAL
El manual presentado este lunes busca «aproximar de una manera práctica y directa a los lectores interesados en la materia la problemática tributaria de las propiedades inmobiliarias, a fin de que la puedan visionar y ejecutar de una manera segura y eficiente».
Lo hace teniendo en cuenta «la maraña fiscal» que grava la vivienda en el país desde los ámbitos estatal, autonómico y local.
También analiza los costes fiscales asociados a la adquisición, uso y alquiler de viviendas, y concluye que el 17% del precio que paga un comprador por la adquisición de vivienda corresponde a impuestos.
CRISIS DEL CORONAVIRUS
Durante la presentación, Morell ha expuesto que las «prioridades» en materia de vivienda tras el impacto de la crisis del coronavirus tienen que ser fomentar la rehabilitación e incrementar el parque público.
Morell ha señalado que la pandemia ha demostrado la «muy poca capacidad de ahorro» tanto de las familias y las empresas y, pese a que ha tenido un origen diferente a la crisis de 2008, tienen en común que la demanda no se encuentra en su mejor momento para afrontarla, con desigualdades sociales y rentas bajas.
Por su parte, Ràfols ha indicado que esta crisis no la ha provocado un exceso de producción de viviendas, como pasó con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y ha abogado por que la rehabilitación es «siempre un importante foco de empleo» y permite alargar la vida útil de las casas.
Morell ha lamentado que la rehabilitación no se está acabando de materializar y ha recordado que los visados bajaron en Catalunya durante enero por primera vez desde 2014, lo que ha relacionado con que se necesita un entorno legal, urbanístico y fiscal que la fomente: «Es clave».
Asimismo, ha considerado que el problema de la vivienda se tiene que abordar desde las políticas sociales y trasladar a los presupuestos, además de fomentar «figuras mixtas» entre agentes públicos y privados para abordarlo.
