El real decreto-ley de medidas urgentes en materia de transporte, movilidad y vivienda, en el que se incluyen las condiciones de licitación del suelo público que Sepes pone a disposición de empresas privadas para la construcción y gestión de viviendas de alquiler social por un periodo máximo de 80 años, entrará en vigor mañana tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, apuntó ayer, al término de la reunión del Consejo de Ministros, que el canon que estas empresas pagan cuando se adjudican la licitación puede llegar a ser cero.
«Esta medida tiene como objetivo dinamizar la economía y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en España, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas», reiteró el ministro, que apuntó que las viviendas de alquiler social en España son únicamente el 2,5% del total, frente al 5% en la media de la UE.
El texto apunta que el acuerdo delimitará los derechos y obligaciones que cada uno de los firmantes ostenta frente a la superficie, tanto durante las fases de construcción del edificio como durante el alquiler de las viviendas, así como el tipo y el alcance de los mismos.
El convenio con Sepes establecerá los ámbitos geográficos de actuación, las modalidades de participación de la organización y estimará las aportaciones a realizar por el Estado y garantizará la sostenibilidad económica de Sepes por cualquier obligación o incidencia derivada de la ejecución de los acuerdos administrativos o los derechos de superficie constituidos sobre terrenos de su titularidad.
El real decreto señala que la vigencia se extenderá hasta el cumplimiento completo de las obligaciones asumidas por Sepes en el acuerdo administrativo.
Ábalos puso en valor que esta es una medida «importante» porque elimina un «obstáculo de carácter legal» que impedía que el canon pudiera ser cero en determinadas circunstancias, dentro del programa de colaboración público-privada para alquiler social.
El decreto señala que, en ningún caso, la Administración General del Estado o sus entidades dependientes o vinculadas con competencia en materia de suelo y vivienda podrán ostentar responsabilidades derivadas del derecho de superficie posteriores al inicio del arrendamiento de vivienda en régimen de alquiler asequible o social.
Además, el real decreto-ley recoge también otras medidas económicas y sociales en el ámbito de la vivienda. Así, con el objeto de optimizar la eficiencia de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que actualmente obran en poder de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se flexibilizan las condiciones, incrementando de forma efectiva la inversión en 2020 y 2021 y permitiendo a estas administraciones territoriales redirigir la financiación y las ayudas donde sea más necesario, para evitar devolver al Estado el remanente no usado.
