El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) han analizado el fenómeno actual de okupación de viviendas que se está produciendo en España en general y en Catalunya en particular. Se trata del primero de dos webinars que serán celebrados alrededor de esta problemática. En septiembre se llevará a cabo una segunda sesión a la que se invitará a diversos representantes de la Administración.
El evento ha contado con una amplia representación de las diferentes partes implicadas en la materia. Así pues, han asistido de manera digital Gerard Duelo, presidente de la AIC y del COAPI de Barcelona; Ramon Riera, presidente de FIABCI España, Judith Alberich, directora de Mediación de Tecnotramit; Fernando Valdivia, Magistrado Juez de 1ª Instancia de Barcelona y doctor en Derecho; Albert Ferrer, abogado senior del departamento de Derecho Penal del Bufete Garrigues; Montserrat Junyent, responsable de Asesoría Jurídica de la AIC y del COAPI de Barcelona; y Manel Roger, arquitecto y administrador de Nou Castor. Además, el webinar ha sido moderado por Anna Puigdevall, gerente de la AIC.
Gerard Duelo ha querido agradecer a los asistentes su participación y ha señalado “la importancia de este tipo de sesiones en un momento de extrema necesidad de defender la propiedad privada y de establecer una normativa clara y ágil para poder poner solución definitiva a un fenómeno que ha registrado un aumento exponencial en los últimos años”.
Ramon Riera ha sido contundente en su intervención y ha puesto énfasis en que “hay okupaciones que son realizadas por gente sin hogar que no tiene nada que perder, pero también existen grupos de jóvenes organizados que ven en este tipo de acciones una forma de independizarse e incluso de realizar actividades delictivas”. Además, tal y como ha señalado el presidente de FIABCI España, este tipo de grupos “cuentan con el apoyo de asociaciones y organizaciones que tienen como objetivo ocupar viviendas de manera ilegal”.
Por su parte, Judith Alberich ha puesto el foco en el aumento de casos que ha denominado ‘okupaciones ideológicas’, grupos ciudadanos que tratan enfrentarse a fondos o entidades que operan con edificios enteros en barrios de grandes ciudades. “En Tecnotramit no somos partidarios del pago para la recuperación del inmueble, pues no deja de ser un soborno que, aunque pueda ser una solución rápida y eficaz en algún caso, claramente puede provocar un efecto llamada que no es nada aconsejable. La mejor solución en estos casos es la mediación realizada por profesionales, especialmente en este tipo de casos ideológicos y evitando el daño reputacional, que es lo que buscan estos colectivos”, ha indicado.
El magistrado juez Fernando Valdivia ha compartido su amplia experiencia en los tribunales con los asistentes: “La mayoría de los casos de okupación que me he encontrado en los últimos 30 años no eran por vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y, sin embargo, suele ser la única alegación que realizan los abogados, en su mayoría de oficio, para proteger a este tipo de delincuentes”. El magistrado también ha aprovechado para solicitar al poder político “una actuación más contundente para facilitar la labor a los magistrados y la policía” y “establecer juzgados especializados en esta materia y los medios necesarios”.
En la misma línea, Montserrat Junyent ha añadido que “la legislación ha ido evolucionando en los últimos años, sobre todo a partir de junio de 2018, cuando se introdujo de forma concreta la facilitación de la desocupación de viviendas”. No obstante, la responsable de Asesoría Jurídica de la AIC y del COAPI de Barcelona ha puntualizado que la legislación “tampoco está surgiendo el efecto deseado ni está permitiendo a los Tribunales el acelerar estos procesos”. Junyent destacado también que “el TC no ha dado cobertura a la ocupación ilegal, el derecho a escoger residencia y a una vivienda digna”, por lo que “no es un derecho absoluto que habilita para ocupar cualquier vivienda, es un derecho que debe ejercerse dentro de los límites de la Ley”.
El abogado Albert Ferrer ha puesto el énfasis en la necesidad de “distinguir de si se trata de un delito penal de usurpación o un delito leve, en cuyo caso pueden existir vacíos legales aprovechados por parte la defensa”. El especialista ha afirmado que “siempre se ha de demostrar que los okupas pretenden residirde manera ilegal en un inmueble usurpado y acabar con la presunción de inocencia de los usurpadores”.
El arquitecto Manel Roger ha afirmado haber notado “un aumento de la okupación en viviendas de obra nueva”, un fenómeno que supone graves problemas para las constructoras: “Mientras la vivienda no ha sido entregada al comprador, es la empresa promotora la responsable del inmueble y la que tiene el problema de tener que recuperarla, por lo que es el constructor el que ha de hacer frente a los sobrecostes que acarrean los gastos en la seguridad 24h para prevenir la okupación o el robo de materiales de construcción”.
Por último, Constatino Pérez ha puesto sobre la mesa las cifras que este tipo de casos tienen detrás: “Con sobornos de 3.000 euros se pueden recuperar las viviendas que previamente han sido okupadas debido al trabajo de cerrajeros profesionales que, por alrededor de 1.500 euros, inhabilitan las cerraduras y dejan el inmueble a merced de los extorsionadores. En este contexto de alta profesionalización de los okupas, algunos sistemas de alarmas en los pisos vacíos funcionan como método disuasorio para la okupación”.
