“Observamos con estupor como los socios del Gobierno, imprescindibles para aprobar los PGE de 2023, acaban de registrar enmiendas, que en definitiva buscan que los propietarios particulares y las empresas que se dedican a poner viviendas de alquiler en el mercado, paguen, sin ninguna contraprestación, una política social de viviendas inexistente. Así, de aprobarse, los propietarios verían como alquilar una vivienda ya no es rentable, porque su alquiler pasaría a estar 7 años congelado al 2% (12 si es empresa), mientras la inflación está al 7.5%. Y además para la todas las viviendas que no están en zonas tensionadas (que son la mayoría) los arrendadores perderían un 10% de desgravación, pasando del actual 60% al 50%, señala José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA)
Las medidas intervencionistas no generan más oferta de alquiler
“Todos los indicadores que vemos en los últimos meses, tanto de los portales inmobiliarios como de otras estadísticas del sector, apuntan en la misma dirección: reducción de la oferta de viviendas en alquiler y un imparable aumento de precios. Y esto es debido a una concatenación de medidas intervencionistas por parte del Gobierno, que no paran de perjudicar a los propietarios privados, que son los únicos que pueden aumentar la oferta de viviendas y bajar los precios. La enorme inseguridad jurídica que padecen los propietarios, está perjudicando de forma indirecta a los inquilinos, lo que repercute en una mayor dificultad en el acceso a una vivienda de alquiler en toda España”, advierte Zurdo.
Detrás del 2% permanente se esconde la fracasada renta antigua
Además del aumento fiscal para los propietarios, el tope de precios en zonas tensionadas o la ampliación de la duración de los contratos de alquiler, se suma otra medida en las enmiendas a los PGE, para que los alquileres, en su renovación anual, no puedan hacerlo en más del 2%, pero de forma permanente, “lo que significaría volver a una reedición de la renta antigua, cuando el mercado del alquiler no suponía más del 7%, con viviendas que se quedaban antiguas, deterioradas y en mal estado, porque al arrendador no les salía a cuenta invertir en conservar su estado”, manifiesta el director general de ANA,José Ramón Zurdo.
La sobreprotección del inquilino ha acabado perjudicándoles
“Prácticamente todas las medidas que está adoptando el Gobierno sobre el alquiler, están sobreprotegiendo al inquilino, advierte José Ramón Zurdo, y esto, lejos de ayudarles, les está perjudicando. Porque ante esta situación de inseguridad jurídica y pérdida de rentabilidad, los arrendadores han decidido aumentar las garantías que solicitan a los inquilinos, siendo mucho más rigurosos en los procedimientos de selección, llegando a exigir requisitos, en muchos casos muy difíciles de cumplir para la gran mayoría, subraya Zurdo.
“Esto permite observar como una mala planificación política del mercado del alquiler, está reduciendo la oferta de viviendas y encareciendo los precios, perjudicando notablemente a los inquilinos más vulnerables, que son a los que se trataba de proteger con estas políticas intervencionistas”, comenta Zurdo.
