El alquiler y, en concreto, el alquiler social o asequible es y será una necesidad imprescindible que cubrir en los próximos años para dar respuesta a la demanda. Y, muy especialmente, de aquellos en situación precaria y/o de emergencia habitacional. Un perfil de población que, debido a la crisis del COVID, se incrementará inevitablemente.
Según la Fundación Adecco, el número de personas en exclusión social podría elevarse a los 14,5 millones o, lo que es lo mismo, alcanzar al 31% de la población, a raíz del estado de alarma derivado de la pandemia. Además, los hogares con todos sus miembros en paro se han incrementado un 6%, en 60.600, hasta alcanzar los 1,074 millones. Se trata de la mayor subida desde 2013.
Los informes de la organización Provivienda a lo largo del confinamiento, nos muestran el perfil de población más afectado en materia de vivienda en las comunidades en las que actúan (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias), Castilla La Mancha, Castilla León y Extremadura). “Desde nuestra experiencia, la vivienda ha tenido un papel fundamental”, comenta Andrea Jarabo Torrijos, Responsable de Comunicación e Incidencia de Provivienda, “quienes sufren más problemas de vivienda son familias monoparentales, personas con menos ingresos, perceptores de RMI, personas con contratos temporales, que trabajan en economía sumergida o migrantes” y personas sin hogar.
Ayudas al alquiler
Entre sus principales preocupaciones a finales de mayo, como indica el informe de esta organización centrada en mejorar la calidad de vida de las personas y proporcionar un alojamiento digno, destacan los retrasos en los procedimientos de acceso a ayudas al alquiler de vivienda y la desinformación respecto a ayudas en general. “Las CCAA han empezado a publicar las ayudas al alquiler contempladas por el Gobierno en el Plan Estatal de Vivienda”, señala Jarabo, pero “otras ayudas aprobadas no se han desplegado aún por las comunidades. Son aquellas que podrían ayudar más a las familias que atendemos y que peor están (y cuya situación ya era complicada antes de esta crisis): mujeres víctimas de género, víctimas de desahucio, personas sin hogar, u otras especialmente vulnerables”.
Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, ASVAL solicitan ayudas directas al propietario ya que, aunque las ayudas al arrendamiento “son una buena iniciativa”, dicen, suponen aumentar el endeudamiento del inquilino. De hecho, sólo un 3% de los potenciales solicitantes se ha interesado por ellas. Mientras que la morosidad se ha triplicado en poco tiempo, al pasar del 5 al 15%, según denuncia esta asociación.
“Son imprescindibles las ayudas fiscales vía renta, tanto para propietarios como para inquilinos”, señala a ViviendaDeprisa David Caraballo, director general de Alquiler Seguro, “además, hay que fomentar que los propietarios pongan en alquiler las viviendas para que la oferta aumente y ofrecer a los inquilinos ayudas de acceso a la vivienda reales y específicas”.
El alquiler social en España
El hecho es que, en la actualidad, la oferta de arrendamientos sociales es muy limitada. Según un estudio de la Fundación Alternativas, la vivienda social de alquiler en España representa en torno al 1,5% del total, lo que se traduce en apenas 276.000 viviendas sociales. Muy lejos de cifras europeas, donde destaca el 30% de la oferta residencial social de Holanda. Como muestra el informe ‘Gestión híbrida de la vivienda social. Estudio comparado España-Holanda’, ese alto porcentaje social ha obligado a los arrendadores privados a moderar sus precios.
Colaboración público-privada
A la escasa oferta de arrendamiento general debemos añadir unos precios elevados en nuestro país, y disparados en algunas capitales. Como nos mostraba en un informe el portal Pisos.com, algunas de las grandes ciudades españolas registran un precio medio del alquiler superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado este año en los 1.108 euros mensuales. Según datos de mayo, en cabeza se sitúa Madrid. Con 1.968 euros al mes es la capital más cara de España para arrendar una vivienda, seguida de Barcelona (1.821 €/mes) y Donostia-San Sebastián (1.353 €/mes).
Mientras, la administración sigue buscando la fórmula que dé con la combinación público-privada que consiga acelerar la construcción de ese parque inmobiliario mediante la cesión de suelos o derecho de uso. “Es fundamental la colaboración público-privada para aumentar la vivienda social en alquiler. Para hacerlo es necesario la puesta de suelo público a disposición de los promotores para que se construyan esas viviendas” declaraba a viviendadeprisa.es Carlos Smerdou, consejero delegado de Foro Consultores, “todo unido a mayor agilidad en los trámites urbanísticos que, muchas veces, paralizan estas acciones”.
No obstante, desde Provivienda advierten de que ampliar la bolsa de vivienda es necesario en el corto plazo, pero puede ser insuficiente a medio o largo. “Sólo el 1,5% de nuestro parque de vivienda es vivienda social, y la vivienda libre ha dejado de ser asequible desde hace años. Las Bolsas de Vivienda en Alquiler pueden ayudar en el corto plazo al parque de vivienda asequible, siguiendo ejemplos como el de Barcelona. La rehabilitación, la compra de vivienda en la ciudad ya construida, la movilización de vivienda vacía, o el desarrollo de las Housing Associations… son medidas que en el medio plazo se pueden desplegar para aumentar la vivienda asequible y social” señala Andrea Jarabo, “son necesarias medidas integrales que influyan en la otra parte, los precios de vivienda”.
Seguridad jurídica
Para los expertos del inmobiliario, hablar de intervenir los precios del mercado, supone perjudicar al alquiler, al disuadir a inversores y particulares. Desde el inmobiliario, se apuesta de forma generalizada por aumentar el parque público de vivienda al tiempo que se garantiza la seguridad jurídica. Esto, junto a posibles incentivos fiscales, podría sumar a esa oferta de la administración buena parte de ese millón de viviendas vacías que se encuentran en manos de particulares.
“La política siempre confunde políticas sociales con políticas de vivienda, pero la creación de un parque de vivienda social resulta imprescindible”, asegura Caraballo, de Alquiler Seguro, “los propietarios necesitan protección y garantías. El miedo a sufrir un impago es una realidad que mantiene muchas viviendas cerradas. Reforzar los juzgados, agilizar los plazos para recuperar una vivienda en caso de impago y las ayudas fiscales vía IRPF resultan fundamentales para lograrlo”.
En la misma línea se expresaba Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, en un encuentro sobre el sector financiero y la promoción inmobiliaria, “la mejor aportación pública que se puede hacer en un sector básico para la economía es la seguridad jurídica”, y recordaba que, si “la seguridad jurídica es importante para cualquier inversor, más para los inversores extranjeros”.
