ep. La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) cree que el nuevo decreto que ha propuesto el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras se mantenga en vigor el estado de alarma supone «la legalización de la ocupación ilegal«.
Para la Asociación esta norma, que se va a aprobar próximamente, «va a convertir a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas, como se ha visto recientemente con el incendio de una nave ocupada en Badalona».
«Si se aprueba el decreto con la propuesta actual, los propietarios de vivienda en alquiler afectados reclamarán al Estado responsabilidades por expropiación del derecho de uso de sus activos«, ha resaltado, tras apuntar que el decreto generará, asimismo, «un efecto llamada a nuevas ocupaciones, como ya se ha visto en Cataluña con la aprobación de normativa similar».
Asimismo, ha avisado de que este texto legal puede dar lugar también a responsabilidades de tipo penal para el Estado en el caso de que se produzcan conflictos en las viviendas ocupadas tras la aplicación del decreto.
También ha resaltado que, aunque el decreto propuesto establece que serán los servicios sociales los encargados de acreditar la vulnerabilidad de las familias y las comunidades autónomas las que tengan que proporcionarles un alojamiento alternativo en un plazo de tres meses, «las administraciones autonómicas carecen de un parque de vivienda social suficiente para garantizar este realojo».
Para Asval, esta nueva ley generará un efecto llamada a la ocupación ilegal, «generando inseguridad jurídica en el mercado de vivienda».
De hecho, su directora general, Beatriz Toribio, piensa que la normativa que el Gobierno va a aprobar «perjudicará a los colectivos con menores recursos, ya que habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes«.
«Este acuerdo perjudica al sector, frena su profesionalización y desarrollo y contradice las recomendaciones de organismos internacionales«, según Toribio, que recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado recientemente un informe en el que advierte de los riesgos de sobreproteger a los inquilinos y sobrerregular el sector en España, y en el que aboga por incrementar el parque social de vivienda en alquiler.
Asval también cree que el grueso de la futura medida va en contra de los grandes tenedores, «que son cruciales para el desarrollo de este mercado en España y que requieren de seguridad jurídica para mantener sus inversiones en el país». «Además, es una medida completamente desproporcionada, ya que carga toda la obligación de dar solución al problema social de la vivienda en el sector privado, cuando es una obligación de la Administración», ha añadido.
