EFE. Madrid. 10/04/2013
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido hoy que se aumenten las facultades de los jueces en materia de desahucios, de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que abre la puerta a que los magistrados puedan parar estos procedimientos en determinadas circunstancias.
Soledad Becerril ha planteado esta propuesta durante su comparecencia en el pleno del Senado, donde ha presentado una actualización del informe monográfico sobre la crisis y los deudores hipotecarios elaborado en enero de 2012.
La defensora ha abogado por que se dé a los jueces mayor capacidad para que exista «una mayor flexibilidad a la hora de facilitar acuerdos entre acreedores y deudores», y se pueda dar una «segunda oportunidad» para afrontar las deudas.
Becerril ha propuesto establecer un acto previo de conciliación en el que el juez esté dotado de la facultad de imponer un acuerdo razonable, limitar los «abusivos intereses de demora», elaborar el concepto jurídico de «deudor de buena fe» y aplicar la dación en pago «sólo en algunas circunstancias».
La dación en pago, a su juicio, «no es una solución general» al problema porque, tal y como se ha preguntado, «dónde iría esa familia que resuelve dar su primeravivienda».
Podría ser, por tanto, una salida «a la nada» para una familia, a la que se le podría dar una oportunidad con otras iniciativas, como reduciendo su deuda o con la concesión de un alquiler protegido.
En este sentido, ha incidido en un informe que ha elaborado la institución sobre la situación de las viviendas públicas, realizado con datos sobre diez grandes ciudades y que ha constatado que hay al menos 10.000 viviendas públicas que están vacías, disponibles y podrían ser utilizadas por familias a través de alquileres con un «precio razonable».
Se trata de un sistema que está funcionando en el País Vasco, que, según Becerril, debería extenderse al resto de España y que el Gobierno debería tener en cuenta en su plan nacional de vivienda anunciado en Consejo de Ministros.
La defensora, que ha recomendado la creación de un registro general sobre viviendas públicas, ha insistido en otras medidas preventivas y paliativas, como la creación de un procedimiento para las situaciones de insolvencia personal y familiar para que se pueda conservar la vivienda y encontrar «una vía de salida reduciendo y alargando las obligaciones de pago».
Las participaciones preferentes han sido otro tema al que se ha referido la defensora, que hoy ha cerrado el trámite parlamentario del informe anual 2012 de su institución.
Ha propuesto que unos auditores determinen quiénes son las personas que han adquirido esos productos «de buena fe» y que haya una compensación a medio plazo.
Becerril ha criticado la «insuficiente» vigilancia en la venta de estas participaciones, que desde 2004-2005 se ha producido sin que las entidades financieras verificasen que el cliente reunía las condiciones de idoneidad y que el producto era adecuado.
«No se ha supervisado bien -ha continuado-, porque si no no se habrían vendido a tantas personas que no son idóneas, tantas personas afectadas que han comprado unos productos a perpetuidad y que tienen 70 años. Si hubiera habido una actitud de supervisión se hubiera reducido el problema y la solución no sería tan compleja».
Al plan de externalización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud de la Comunidad de Madrid también se ha referido y ha concluido que «no se puede decir que esta forma de gestión sea inconstitucional», si bien, en su opinión, «merece un control y una supervisión muy estricta».
Por ello, ha recomendado a la Comunidad de Madrid que se controle la gestión y la forma de llevar a cabo las concesiones para que no se produzca una concentración en «una o dos o tres empresas», y que se vigilen también los presupuestos de esos centros sanitarios.
Esta recomendación, ha señalado, «va a obligar al Gobierno de Madrid a una actuación muy estricta, precisa y con mucho control y vigilancia».
