Barcelona sigue siendo el epicentro del debate sobre la vivienda, pero la presión del mercado inmobiliario se ha extendido con fuerza a su área metropolitana. Municipios como Hospitalet de Llobregat y Castelldefels ya acusan con intensidad el impacto del auge de los pisos turísticos. Así lo advierte Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) de referencia en Cataluña y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, quien califica la situación como “evidente y preocupante” para el acceso a la vivienda habitual.
El experto alude a una “drástica bajada” de viviendas alquiladas a locales bajo régimen de vivienda habitual que durante los últimos años se han convertido en pisos turísticos. “Esta reducción genera una consecuencia directa: los precios suben porque hay menos opciones disponibles para la población residente. Los pisos turísticos se alquilan a precios mucho más altos, lo que termina encareciendo el conjunto del mercado”, advierte Unsain.
Según el Personal Shipper Inmobiliario, tanto Castelldefels y L’Hospitalet son claros ejemplos de municipios con un perfil muy atractivo para este tipo de actividad: grandes, bien conectados y, en el caso de Castelldefels, con el plus del mar. En el caso de Hospitalet, según datos de la Generalitat, el número de viviendas turísticas asciende a 521, la segunda localidad con mayor número de pisos, tras Barcelona. Para Unsain, su cercanía con Barcelona convierte a Hospitalet en la opción más asequible para turistas que no pueden pagar el precio del centro de la capital catalana.
¿Solución ante el problema?
Con las nuevas medidas efectivas, Ley de Propiedad Horizontal exige que cualquier nuevo piso turístico cuente con el aval del 60% de los propietarios del edificio. En caso de no tenerlo, se podrá exigir el cese inmediato e incluso emprender acciones judiciales. Sin embargo, los pisos ya existentes y registrados antes del 3 de abril podrán seguir operando conforme a la normativa anterior.
Ante este contexto, el PSI de referencia en la región catalana se muestra crítico con la intención de prohibir masivamente los pisos turísticos, como ha anunciado el Ayuntamiento de Barcelona para 2028. En su opinión, lo necesario es reforzar el control, pero sin caer en prohibiciones generalizadas: “La clave no es vetar toda actividad turística, sino asegurar que quien la ejerce lo haga dentro de la legalidad. Hay que controlar que los pisos estén registrados, que tributen correctamente y que no generen conflictos de convivencia, pero sin criminalizar la figura del propietario que alquila legalmente”.
Unsain reconoce que es un paso relevante en materia de orden y convivencia, pero insiste: “Es positivo que las comunidades tengan mecanismos para defenderse cuando hay abusos. Lo que no puede suceder es que esta herramienta se convierta en una vía para bloquear toda iniciativa sin distinguir entre lo legal y lo ilegal”.
Endurecimiento por parte del Gobierno
Por su parte, el Gobierno central también ha puesto en marcha un registro oficial con número identificativo para los alquileres de corta duración, como parte de una ofensiva que busca frenar aquellos contratos ajenos a la ley y canalizar esta actividad dentro de los márgenes legales y fiscales adecuados.
“Hace falta transparencia, control y cumplimiento, pero también hace falta equilibrio. No se puede pretender resolver el problema de acceso a la vivienda simplemente prohibiendo” indica Unsain, quien añade que “hay que abordar el fondo del asunto: cómo hacer que el alquiler residencial vuelva a ser accesible para todos sin castigar la inversión privada responsable”.
