En el debate sobre la vivienda en España hay dos cosas claras: falta vivienda asequible y falta parque público. España tiene uno de los parques públicos más pequeños de Europa.
Con este diagnóstico sobre la mesa, el Gobierno ha activado una nueva herramienta. A través del programa Casa 47, el Ministerio de Vivienda ha lanzado una convocatoria de 100 millones de euros para comprar viviendas privadas e incorporarlas al parque público.
La idea es sencilla: aumentar la oferta de vivienda asequible en un mercado que lleva años tensionado.
Comprar antes que construir
Desde el Gobierno se defiende la medida como una forma de acelerar resultados. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lo ha resumido con una frase que se repite ya como mantra institucional: “lo que nace público permanece público”.
La cuestión es que construir vivienda pública en España puede convertirse en una carrera de obstáculos: suelo, planeamiento, licencias, financiación, obras… y varios años de espera. Comprar viviendas ya construidas, en cambio, permite ganar tiempo.
Pero en la práctica, el problema de la vivienda en España no es solo de tiempo. Es también de escala.
Apoyos con matices
Entre analistas del sector, la iniciativa ha generado una acogida positiva en su planteamiento. Todos coinciden en que existe la necesidad de aumentar el parque público. Pero, cuando pasan a los números se preguntan lo inevitable: ¿qué se puede hacer exactamente con 100 millones de euros en el mercado inmobiliario actual?
Porque el déficit de vivienda asequible en España se mide en cientos de miles de viviendas, especialmente en las grandes ciudades. Y en ese contexto, la capacidad real de impacto de esta convocatoria dependerá de algo tan sencillo como el precio al que se compren esas viviendas.
Críticas desde la derecha
Las críticas más duras han llegado desde la oposición política, especialmente desde el Partido Popular, que cuestiona tanto el alcance real del programa como la eficacia de las políticas de vivienda impulsadas por el Ejecutivo.
Desde este ámbito se reprocha al Gobierno una política basada en grandes anuncios con avances lentos en la práctica. Y recuerdan varias iniciativas recientes en materia de vivienda se han quedado, de momento, en convocatorias piloto o programas de alcance limitado.
La crítica central es que la ejecución real de las medidas no está avanzando al mismo ritmo que los anuncios políticos.
Críticas desde la izquierda
La medida tampoco ha convencido a muchos sectores de la izquierda. En este caso, por el modelo elegido.
Colectivos vinculados al movimiento por la vivienda consideran problemático que la estrategia implique operaciones con gestoras privadas o carteras procedentes de Sareb. Temen que el plan termine funcionando como una transferencia indirecta de recursos públicos hacia fondos o servicers inmobiliarios, algo que choca con la visión intervencionista que defienden.
Desde su perspectiva, la solución debería pasar por medidas directas como expropiaciones, recuperación de vivienda vacía o una regulación mucho más agresiva del mercado.
El debate de fondo
Más allá del ruido, la pregunta es cuánto parque público se quiere realmente construir y con qué recursos.
Porque comprar viviendas existentes puede ser una herramienta útil. Pero es difícil que cambie el equilibrio del mercado si no va acompañada de políticas más amplias de suelo, promoción y colaboración público-privada.
Y, sobre todo, de volúmenes de inversión mucho mayores.
Parece que Casa 47 abre una vía con esta propuesta: comprar vivienda existente para incorporarla al parque público. Una herramienta que otros países utilizan y que, bien aplicada, puede tener sentido.
No obstante, la incógnita es otra: ¿Estamos ante el primer paso de una estrategia sostenida de ampliación del parque público o ante una medida que, en la práctica, tendrá un impacto demasiado pequeño para cambiar realmente el mercado?
