Avanzar en el derecho a una vivienda asequible es fundamental en términos sociales y climáticos: no puede haber transición ecológica si no llega a todas las personas, y tampoco habrá equidad social sin justicia climática. Esta es la principal conclusión del informe “Rehabilitación justa y sostenible para una vivienda asequible” de Provivienda, que la ONG ha presentado esta mañana junto a representantes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ECODES, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la cooperativa Ecooo y Green Building Council España (GBCE).
El estudio, que aborda los principales desafíos de las políticas públicas de vivienda en torno a la rehabilitación energética y la vivienda asequible en España, hace hincapié en que la población con menos ingresos y capacidad de ahorro es la más expuesta a la pobreza energética, pero también la que cuenta con menos posibilidades de acceder a rehabilitaciones.
La vivienda supone la principal fuente de gasto de los hogares en España. Los costes de esta hacen que el 17% de los hogares quede en situación de pobreza tras pagar la vivienda. Este hecho dificulta que puedan destinar recursos a cuestiones como la rehabilitación o la mejora de la eficiencia energética, pues enfrentan mayores dificultades económicas (como deudas o sobreesfuerzo en el pago de la vivienda), que los aleja aún más de acceder a estos procesos. Además, un 86% del total de los hogares españoles señala que no han mejorado el aislamiento térmico de sus viviendas en los últimos 5 años, situación que afecta al 93% de las viviendas en alquiler, y a un 91% de los hogares en riesgo de pobreza, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2023).
Por su parte, los hogares que viven de alquiler presentan una doble vulnerabilidad: 1 de cada 3 hogares queda en situación de pobreza severa tras pagar el alquiler. Esta población concentra la mayor parte de los problemas de calidad de la vivienda (como humedades y falta de aislamiento, que afectan al 34% de los hogares que alquilan en España), pero tampoco podría enfrentar posibles subidas de precios de alquiler si sus viviendas se rehabilitaran. Nicolás Vatter, autor principal del informe indica que “nos encontramos ante un dilema que tiene que solucionarse con salvaguardas sociales que, por un lado, mejoren las condiciones de estas viviendas pero que por otro no supongan subidas de alquiler”.
Nuevas necesidades y oportunidades a la vivienda
La Directiva europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) indica que el sector residencial deberá reducir el consumo medio de energía para contar con un parque de viviendas cero emisiones en 2050. Para ello, en los próximos años España deberá presentar un Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios que incluya metas a 2030, 2040 y 2050 para incrementar las tasas de rehabilitación. Según el Observatorio de Vivienda Asequible de Provivienda, el aumento del presupuesto estatal destinado a políticas de vivienda en los últimos años se debe en gran parte fondos europeos que, en aproximadamente el 80%, están orientados a la rehabilitación y a la promoción de vivienda social sostenible y descarbonizada.
En este escenario, Provivienda recuerda que la transición ecológica debe realizarse en el ámbito de la vivienda sin perder la mirada en la equidad social: “se trata de proteger la salud de la población y de luchar contra el cambio climático a través de la rehabilitación de viviendas sin que afecte a la asequibilidad. Las viviendas en peor estado son, precisamente, las que están habitadas por hogares con menos ingresos o que enfrentan más problemas de asequibilidad. Si no ponemos foco en esta población, nunca conseguiremos responder a los desafíos de la transición ecológica”, tal y como apunta Andrea Jarabo, responsable de comunicación e incidencia de Provivienda.
Los datos cifran en más de 1 de cada 3 los hogares en pobreza que afrontan problemas para mantener una temperatura adecuada durante los meses de invierno, mientras que esto solo afecta al 12% de aquellos de altos ingresos. De igual modo, entre las viviendas en propiedad esto es un problema para el 18%, mientras que para quienes viven en alquiler la proporción sube al 32%, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2023). En palabras de Jarabo, “tenemos que ajustar las políticas de rehabilitación a las diferentes situaciones de vivienda. Por ejemplo, hay que asegurar que la mejora de las viviendas llega a las familias que viven de alquiler, pero debemos asegurarnos de que, si esto se hace con financiación pública, no tenga efectos negativos en las familias en forma de subidas de alquiler que no puedan asumir. Las Bolsas de Vivienda Asequible pueden ser una buena solución para esto”.
Desde Provivienda creen que este y los próximos años son decisivos para que las políticas y planes estatales, autonómicos y municipales en torno a la rehabilitación de la vivienda lleguen tanto a las personas de menos ingresos y más afectadas por la crisis de asequibilidad de la vivienda, como a quienes viven en regímenes diferentes al de propiedad. Para ello, como explica Gema Gallardo, directora general de Provivienda, “será determinante financiar a los hogares y barrios vulnerables, contar con el Tercer Sector especializado sin ánimo de lucro, fomentar la vivienda social a través de la rehabilitación y la vivienda asequible en la ciudad ya construida e incorporar una perspectiva climática sostenible en las políticas sociales y de vivienda”, entre otras recomendaciones que incluye el estudio.
Hacia más vivienda sostenible y asequible
En España los retos de las políticas de rehabilitación son imprescindibles en el sector inmobiliario, ya que el parque de vivienda es antiguo (más de la mitad es anterior a 1980 cuando entró en vigor el Código Técnico de la Edificación), ineficiente y contaminante.
Por ello, para hacer de la rehabilitación de vivienda una herramienta efectiva frente al cambio climático y a los problemas de la vivienda en España, desde Provivienda insisten en que es fundamental que las políticas y planes tengan en cuenta a las personas con menos recursos o mayores dificultades de acceso, promuevan la asequibilidad de la vivienda y eviten desplazamientos y efectos negativos por gentrificación.
Informe completo aquí.
