Cataluña se ha convertido en la comunidad más intervenida de España en materia de vivienda y las consecuencias empiezan a hacerse evidentes. A la caída de la oferta de alquiler, que en el último año se ha desplomado un 40% según diferentes fuentes del sector, se suma un fenómeno que preocupa cada vez más: la fuga de empresas e inversiones inmobiliarias hacia otras comunidades autónomas donde no existe regulación de precios.
Los datos de la Generalitat de Catalunya muestran que entre abril y junio de 2025 los contratos de alquiler cayeron un 19,7% en toda la comunidad y más de un 21% en Barcelona y su área metropolitana. Mientras tanto, el mercado de alquiler temporal, fuera del ámbito regulado, ha crecido más de un 50% en apenas un año, convirtiéndose en la alternativa para muchos propietarios.
Para Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario de referencia en Cataluña y director general de ACV Gestión Inmobiliaria, la situación es insostenible: “El balance ha sido desastroso. La oferta de alquiler ha desaparecido en un 40% en el último año, ya que muchos propietarios han optado por vender sus viviendas o destinarlas al alquiler temporal. La consecuencia es que cada vez hay menos pisos para quienes buscan una residencia habitual, y los inversores y empresarios están abandonando Cataluña”.
Cambios legislativos necesarios
El impacto de esta política no solo se refleja en los particulares. Según datos de la Asociación de Promotores de Cataluña, casi un 20% de las inversiones previstas se han desviado a otras provincias como Madrid o Málaga, y un 44% de los proyectos de alquiler han quedado en suspenso. Incluso grandes fondos como Blackstone o Cerberus han iniciado procesos de desinversión y venta de activos en la región, ante la imposibilidad de obtener la rentabilidad prevista en un contexto de inseguridad jurídica. “La aprobación de la ley que limita las rentas en zonas tensionadas tenía como objetivo facilitar el acceso a la vivienda, pero su impacto en el sector inmobiliario catalán ha sido el contrario”, critica Unsain.
Unsain subraya que este escenario está provocando un cambio estructural en el sector con la pérdida de compañías y empresarios operando en ciudades como Barcelona. “Si no se producen cambios legislativos, ese dinero no volverá. Se irá consolidando en otros mercados más estables y rentables, y aquí nos quedaremos con un parque inmobiliario envejecido, escaso y cada vez más inaccesible para la población”, afirma.
A pesar de que la inversión inmobiliaria total en Cataluña alcanzó 1.700 millones de euros en el primer semestre del año, situándose como el segundo mejor registro de la serie histórica, la mayoría de ese capital se está destinando a hoteles, residencias de estudiantes u otros activos alternativos, explica Unsain, mientras que el alquiler residencial pierde peso a pasos agigantados.
“Aunque Cataluña mantiene un elevado atractivo global como destino inversor, la política de control de rentas está desincentivando de forma acelerada la inversión en vivienda habitual”, critica el PSI. Para Unsain, la solución pasa por dejar que el propio mercado se regule de manera autónoma: “de esta forma se atraería mucha más inversión, habría mucha más inversión en promoción para hacer Build 2 Rent, lo cual aumentaría mucho más la oferta, los precios se regularían de forma natural y las empresas no tendrían que buscar hacer negocio e manera deslocalizada”.
