Desde que se decretó el Estado de Alarma, el pasado 14 de marzo, el Gobierno ha impuesto distintas medidas para preservar a autónomos, pymes y comunidades de vecinos. Entre ellas, se prohíben los cortes de luz, gas y agua, y se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social eléctrico.
Sin duda se trata de una situación excepcional que ha puesto en jaque el pago de todos los servicios públicos y el posible aumento de la morosidad por parte de los vecinos, que necesitarán de un importante esfuerzo por parte de los administradores de fincas para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios comunes en todas las comunidades.
Para Mercedes Blanco, CEO fundadora de Vecinos Felices, unidad de negocio de Fincas Blanco y vicepresidenta primera de Fiabci España, “los administradores de fincas deberán jugar un papel fundamental a la hora de mantener la calma dentro de las comunidades de vecinos que se enfrentan a situaciones de morosidad”.
Para el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas se prevé un repunte de entre el 25% y el 40% de los impagos de las cuotas en las comunidades de propietarios de todo el país, sobre todo por los sobrecostes que generan las medidas sanitarias preventivas que requiere la COVID-19.
“En este contexto debemos actuar con responsabilidad para garantizar el buen funcionamiento de los servicios comunes, informando diariamente sobre las medidas y recomendaciones necesarias para la seguridad de las personas, solucionando posibles problemas o incidencias, resolviendo dudas y acompañando a todos los vecinos”, agrega Blanco.
Medidas excepcionales adoptadas
La morosidad y las normas anticontagio comienzan a comprometer la economía interna de las comunidades de vecinos. Idealmente, se espera que las medidas propuestas por el Gobierno se puedan extender hasta que la economía de todo el país logre estabilizarse.
“Lo más importante es proteger los intereses de los vecinos y lograr mantener las comunidades en orden”, afirma Blanco. “Desde Vecinos Felices informamos las medidas impuestas por el Gobierno, las ayudas económicas que existen y cómo solicitarlas y, por supuesto, intentando que todos paguen para poder hacer frente a los sobrecostes que la pandemia nos ha dejado”, agrega.
Entre las medidas impuestas desde marzo se destacan:
- La prohibición de los cortes de luz, gas y agua a las personas consumidoras que tengan la condición de vulnerables o en riesgo de exclusión.
- La prórroga automática hasta el 15 de septiembre de 2020 de la vigencia del bono social eléctrico.
- Con carácter excepcional, y durante 6 meses a contar desde el 1 de abril, podrán solicitar el bono social:
– Los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo, cuando entró en vigor el Real Decreto 463/2020.
– Los trabajadores autónomos que hayan visto reducida su facturación del mes anterior al que se solicita el bono social en, al menos un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
- La implementación de una ayuda extraordinaria de 200 euros que deberá destinarse a la adquisición de productos de alimentación, farmacia y otros suministros básicos para ayudar a la sostenibilidad económica de las familias en situación de vulnerabilidad económica a raíz de la Covid-19.
Frente a este contexto, lo más importante es preservar a los vecinos, acompañarlos y estar atentos. “Sabemos que la situación resultará sumamente complicada para las fincas que no puedan sobrellevar la crisis”, afirma Mercedes Blanco. Y agrega: “lo que sí es seguro es que los gastos sanitarios y preventivos serán, a largo plazo, imposibles de asumir.”
